“Adolfo
Suárez, secretario general de Falange Española, se convirtió, tras la muerte de
Franco, en primer ministro. En un golpe de mano exactamente planeado desmanteló
el régimen, despojó de poder a su propio partido unificado y sacó adelante una
Constitución democrática: una operación tan difícil como arriesgada, que Suárez
llevó a cabo con arrojo personal y brillantez política. Aquí no estaba en
acción, como en el caso de Jruschov, un presentimiento vago, sino una
conciencia extremadamente clara. Se trataba no sólo de transformar por completo
el aparato político, sino también de disponer al Ejército a no moverse; una
purga militar habría conducido a una represión sangrienta y probablemente a una
nueva guerra civil.
Tampoco
este caos se puede abordar con una simple ética de simpatías que sólo distingue
entre ovejas blancas y negras. Suárez fue participante y beneficiario del
régimen de Franco; si no hubiera pertenecido al círculo más íntimo del poder no
habría estado en disposición de abolir la dictadura. Al mismo tiempo, su pasado
le aseguró la desconfianza insuperable de todos los demócratas. De hecho,
España no le ha perdonado hasta el presente. A los ojos de sus antiguos
camaradas, él fue un traidor; a los ojos de aquellos para quienes había abierto
el camino, fue un oportunista. Desde que se retiró como típica figura de la transición no ha
vuelto a pisar terreno firme. El papel que él representa en el actual sistema
de partidos ha quedado más bien oscuro. Una cosa, y solamente una, tiene
garantizada el héroe de la retirada: la ingratitud de la patria”.
De este modo se refiere a Suárez el escritor alemán Hans Magnus Enzensberger
en su artículo Los héroes de la retirada publicado
en el diario El país el 26 de
diciembre de 1989.
Dejando
a parte pequeñas matizaciones e inexactitudes en lo que se refiere a Suárez
vertidas por el escritor alemán en su artículo, sus apreciaciones son bastante
agudas. En el artículo Suárez figura junto a un elenco de protagonistas
políticos a los que Enzensberger denomina como héroes de la retirada. Se trata, en cada caso, de figuras políticas
cuya principal aportación no reside en el logro de unos ideales de acuerdo con
los cuales hubieran adoptado su acción sino más bien en la progresiva retirada
y final abandono de aquellos objetivos con los que iniciaron su carrera
pública.
La muy reciente desaparición de Adolfo Suárez ha permitido asistir a la culminación de un proceso de canonización, de constitución de santidad laica que ya comenzó en propia vida del protagonista. Los últimos años de Adolfo Suárez fueron años en los que esta figura quedó erigida en monumento viviente aunque por la enfermedad que padeció fuera un monumento inconsciente de sí mismo, es decir, un monumento en el estricto sentido de la palabra.
La muy reciente desaparición de Adolfo Suárez ha permitido asistir a la culminación de un proceso de canonización, de constitución de santidad laica que ya comenzó en propia vida del protagonista. Los últimos años de Adolfo Suárez fueron años en los que esta figura quedó erigida en monumento viviente aunque por la enfermedad que padeció fuera un monumento inconsciente de sí mismo, es decir, un monumento en el estricto sentido de la palabra.
De
Adolfo Suárez se ha escrito desde my diversas perspectivas: desde la proximidad
de los periodistas Fernando Onega y García Abad hasta la lejanía crítica y a
veces ácida de Gregorio Morán. También son frecuentes las referencias a su
persona y a su actuación por parte de políticos que tuvieron destacado
protagonismo en la transición, como Santiago Carrillo, Leopoldo Calvo-Sotelo o
Alfonso Osorio.
Los
descendientes de Torcuato Fernández-Miranda, presidente de las Cortes en el
primer periodo de la transición, también han dejado por escrito testimonio del
personaje. Muy recientemente la periodista Pilar Urbano ha publicado un libro
polémico, incómodo y que ha sido recibido con el mayor de los silencios por
parte de los comentaristas habituales si bien cabe augurarle un gran éxito de
ventas a corto plazo y gran influencia en la visión del periodo a medio plazo.
Abel
Hernández ha analizado con finura las estrechas y no siempre fáciles relaciones
de Suárez con el rey.
El
escritor Javier Cercás, en su Anatomía de
un instante, nos dejó un original testimonio de la actuación de Suárez el
día 23 de febrero de 1981, cuando tropas de la Guardia Civil, al mando del
teniente coronel Antonio Tejero Molina, asaltaron el Congreso de los Diputados
para crear el detonante de una intervención militar. Es difícil encuadrar el
escrito de Cercás en un género concreto pero en todo caso constituye un
análisis muy penetrante de las personalidades de Suárez, el teniente general
Gutiérrez Mellado y el entonces secretario general del Partido Comunista Santiago
Carrillo.
Suárez
es un ejemplo típico de cómo un hombre en principio bastante normal, sin
especiales dotes, sin aficiones intelectuales ni artísticas, se convierte en
protagonista en una época excepcional como lo es siempre la de un cambio de
régimen. Franco había muerto en noviembre de 1975 y, de acuerdo con las propias
previsiones sucesorias de su régimen, le sucedió en la jefatura del Estado Juan
Carlos, con el título de rey.
La
doctrina del sistema franquista preveía que Juan Carlos continuara el mismo
régimen que Franco había mantenido durante casi cuarenta años. Los más fieles
al legado de Franco así lo esperaban pero, dentro del propio régimen no eran
pocos los que se percataban de que una pura continuidad del sistema de Franco
sin su presencia era inviable. Juan Carlos había sido designado como su futuro
sucesor por Franco en 1969. El título con el que ejerció esa situación de
espera era el de Príncipe de España. La designación se debía al propio Franco y
no estaba en dependencia de ninguna legitimidad dinástica, que en este caso
pertenecía más bien a su padre, el conde
de Barcelona. Desde su designación, Juan Carlos quiso tener sus propios cauces
de información e influencia.
Adolfo
Suárez, hombre joven y con ambición, fue nombrado director general de radio
difusión y televisión, y desde este cargo percibió con claridad que sus
progresos en la carrera política en la que estaba inmerso dependían más de
saber acercarse a quien, por motivos obvios de edad, representaba más el
futuro. De este modo, desde la dirección de televisión proporcionó amplia
cobertura a los actos en los que participaba el príncipe y consiguió establecer
con él una relación amistosa y de complicidad, en un momento en el que no todos
los jerarcas del régimen de Franco apostaban por el príncipe Juan Carlos.
Adolfo
Suárez, además del influyente cargo de director de Radiotelevisión, que llevaba
aparejada la dirección de una televisión estatal en régimen de monopolio,
ejerció otros cargos dentro del sistema de Franco: fue gobernador civil de
Segovia, vicesecretario general del Movimiento y por fin, ministro secretario
general del movimiento en el primer gobierno de la monarquía, tras la muerte de
Franco, bajo la presidencia de Carlos Arias Navarro, si bien los ministros más
destacados de aquel gobierno fueron Fraga, como encargado de los asuntos de
interior y José María de Areilza, viejo monárquico que se encargó de la cartera
de Asuntos Exteriores.
El
rey Juan Carlos, mientras tanto, situó en la presidencia de las Cortes a
Torcuato Fernández-Miranda, que había sido su preceptor.
En
el periodo de Adolfo Suárez como ministro secretario general del movimiento
cabe destacar tres actuaciones, una de ellas referida a asuntos de su
departamento y otras dos, como sustituto de un ministro ausente o inhibido. En
lo que se refiere a su departamento, el Movimiento, Suárez ocupó lugar
destacado en la prensa de aquellos días cuando consiguió disputar con éxito un
escaño de consejero vitalicio del Movimiento nada menos que frente a Cristóbal
Martínez Bordiu, marqués de Villaverde y yerno del anterior jefe del Estado.
Estando
ausente el ministro de la gobernación, Fraga Iribarne, se produjeron unos
disturbios en Vitoria que tuvieron consecuencias fatales, con tres víctimas
mortales debidas a la actuación de la policía. En ausencia del titular, Suárez
se hizo cargo de la situación y consiguió calmar la tensión evitando la
intervención militar deseada por el Capitán General de Burgos.
Cuando
se trataba de defender en las Cortes un proyecto que daba paso de forma muy
cautelosa a la admisión de los partidos políticos, si bien esa denominación
quedaba disimulada bajo el nombre más aceptable para los franquistas de
“asociaciones”, la defensa del proyecto, en vez de ser realizada por el
ministro de la Presidencia, Osorio, o por el vicepresidente para asuntos del
interior, Fraga, recayó en el joven Suárez. Adolfo Suárez procedió a leer un
discurso bien construído por sus asesores en el que apareció una de las
expresiones más características de la época: “elevar a la categoría política de
normal lo que a nivel de calle es simplemente normal”. El texto terminaba con
la cita de un “autor español”, que, aunque no se dijera su nombre, era Machado.
El éxito del discurso fue indiscutible.
Cuando
el gobierno de Arias Navarro quiso someter a la consideración de las Cortes una
reformas de algunos artículos del Código Penal con el fin de dar cobertura
legal a la reciente aprobación de los partidos políticos, se vio que, por
primera vez en el sistema de Franco, el gobierno corría el riesgo de ser
derrotado, en vista de lo cual se procedió a la retirada del proyecto. La
reforma, tal como la entendía el presidente Arias, sufría un tropiezo
definitivo.
No
fue nunca Arias hombre del rey. Tampoco era de manera convencida monárquico y
si sirvió al rey en su primer gobierno lo hizo más como persona nombrada por
Franco que como presidente de un gobierno que quería asentar la monarquía. Las
convicciones políticas de Arias, mal articuladas y siempre inestables, tenían a
su base un autoritarismo primario de persona de orden en el que, curiosamente
aparecía a veces una veta de anticlericalismo heredada de su primera juventud
de republicano estricto.
 |
| Alfonso XIII despacha con Antonio Maura. |
Arias
nunca tuvo un objetivo claro que orientara su política y el rey, percatándose
de ello, buscó la colaboración del presidente de las Cortes, Torcuato
Fernández-Miranda para conseguir que el presidente del Gobierno cesara en su
cargo. Finalmente, a final de junio de 1976, utilizando como excusa una recepción para la entrega de credenciales por
parte de los nuevos embajadores en el Palacio de Oriente, el rey citó al
presidente en este lugar y, al final del acto, le insinuó la necesidad de que
abandonara el cargo. La perplejidad del presidente, que hizo que quedara sin
capacidad de respuesta, facilitó la inmediata dimisión de éste. Posteriormente,
en comida con sus más íntimos, el ya ex presidente, hombre aficionado a la
lectura de la historia, recordó la escena que en el mismo despacho tuvo lugar
en 1909, cuando el rey Alfonso XIII, preocupado por las consecuencias
internacionales de la represión de los acontecimientos de la Semana Trágica de
Barcelona, aceptó de Antonio Maura una dimisión que éste no le había
presentado. En la mente de Arias se había hecho con él lo mismo que con Maura,
lo que denominaba como borboneo.
PRESIDENTE
DEL GOBIERNO POR DESIGNACIÓN REAL.
De
acuerdo con la Ley Orgánica del Estado, entonces vigente, tras la dimisión del
presidente del gobierno, éste cesaba inmediatamente en sus funciones, que
pasaban a ser ejercidas de manera provisional por el vicepresidente, en aquel
momento el teniente general De Santiago y Díaz de Mendívil, hombre cercano a
las posiciones más reaccionarias del ejército de la época.
Era
el momento de nombrar un nuevo presidente que se adaptara mejor al tipo de
reforma que se deseaban por parte del rey y del presidente de las Cortes. Este
último se aplicó con eficacia para ofrecer una terna de nombres que, de acuerdo
con la legislación de la época, debían ser elevados al rey para que éste
escogiera de entre estos tres al que debía ser nombrado presidente. El rey y
Torcuato Fernández-Miranda se habían fijado ya hacía un tiempo en el joven
ministro secretario general del Movimiento, Adolfo Suárez, como el hombre
adecuado para la situación. Concurrían en él una serie de características que
lo hacían idóneo: joven, con grandes dotes de persuasión, capacidad negociadora
y, lo que era más importante en aquel momento, sin un proyecto propio, lo cual
lo hacía en apariencia hombre fácilmente manejable por parte tanto del rey como
del presidente de las Cortes.
 |
| Adolfo Suárez jura su cargo de presidente del Gobierno ante el rey y Torcuato Fernández Miranda. |
El
nombramiento, a principio de julio de 1976 de Adolfo Suárez como presidente del
Gobierno fue recibido por parte de la opinión aparentemente informada con una
mezcla de sorpresa, estupor y desagrado. La mayor parte de la prensa, muy
cultivada por Areilza, estaba convencida de que este último iba a ser el
designado. La oposición al sistema veía con incredulidad que fuera nombrado
presidente quien había sido secretario general del Movimiento. Ricardo de la
Cierva publicó en el país un artículo con título de resonancias orteguianas, Qué error, qué inmenso error, en el que
entre otras cosas se decía:
“Nada mejor que unas palabras de Franco
para titular la crónica sobre el advenimiento del primer Gobierno de Franco en
la Monarquía; el primer Gobierno franquista del postfranquísmo. Tal expresión
no implica la menor connotación peyorativa, impropia en el cronista; es una
simple y descarnada descripción. El error consiste, primeramente, en haber
designado a un nuevo Gobierno de Franco cuando toda la opinión política
interior y exterior -ojo, digo opinión política, no simplemente clase política- esperaba, después de la cordial
defenestración de don Carlos Arias, la inauguración del primer Gobierno del
nuevo régimen. Y en lugar de eso nos hemos topado con un error, un inmenso
error. Esto es un Gobierno de Franco, primero, por lo inesperado y desvinculado
de la opinión política; segundo, por la conjunción de las fuerzas sociales que
articulaban el franquismo; tercero, porque aparenta una fachada diferente del
contenido y las raíces; cuarto, porque deja al margen a las fuerzas siempre
marginadas; la oposición, las regiones, la media nación femenina”.
El historiador De la
Cierva manifestaba a continuación su sincero deseo de equivocarse en su
pesimista previsión y tras trazar algunos paralelismos con la situación
política de 1930 terminaba sus vaticinios de la siguiente manera:
“ Durante unas semanas los problemas se
esconderán dentro, por el calor; pero allí se incubarán de manera incontenible.
Allá por el otoño estallarán, y caerá este Gobierno sin plantear siquiera una
resistencia. Entonces la Corona, que a través de la Presidencia de las Cortes
se ha visto seriamente comprometida en la maniobra que hoy nos embarga (cuando
todo estaba ganado, por Dios, cuando todo el futuro parecía y estaba a mano)
acudirá a la convocatoria de un Gobierno Nacional, el que ahora esperábamos, si
no se ve obligada al recurso militar directo. Entonces media docena de grandes
españoles olvidados de Cánovas, y lo que tiene más mérito, sin el menor
recuerdo para los muelles de don Antonio Maura, ahogarán sus agravios con su
patriotismo absoluto para salvar lo que ahora simplemente había que encauzar. A
esta situación nos ha traído y nos llevará la excelente intención y la torpeza
política de dos servidores de la Corona, que han preferido actuar como
coordinadores de los miedos deshelados por la crisis económica en el corazón
pequeñito de la gran derecha española”.
Como curiosidad, Ricardo
de la Cierva acabaría siendo nombrado por Adolfo Suárez ministro de Cultura en
una de las muchas remodelaciones a que se vio precisado en la cuesta debajo de
su carrera como presidente.
Lo que no percibían
quienes de manera tan rotunda se manifestaban contra la designación del nuevo
presidente es que precisamente lo que ellos consideraban como principal
defecto, su cercanía al movimiento, era precisamente la principal baza con la
que contaba el nuevo presidente para acabar convirtiéndose en un héroe de la retirada. Lo que se
intentaba era desmontar un sistema y para ello nada mejor que poner al frente a
una persona que conocía perfectamente sus engranajes.
El primer gobierno de
Suárez fue de difícil gestación, pues las principales figuras del gobierno
anterior, sintiéndose despechadas, se negaron a colaborar. Fue el
vicepresidente Osorio quien consiguió la colaboración de un número
significativo de jóvenes políticos para formar el gabinete.
El gobierno de Suárez
aprobó, en el plazo de un mes, una amplia amnistía, si bien quedaban excluidos
de ella quienes hubieran cometido delitos de sangre. En agosto, el presidente
Suárez tuvo un primer encuentro con el joven primer secretario del todavía
ilegal Partido Socialista Obrero Español, Felipe González.
En el mes de agosto
Suárez recibió del presidente de las Cortes un borrador de lo que acabaría
siendo la Ley para la reforma política. En el siguiente mes Suárez reunió a la
cúpula militar para explicarle sus proyectos reformistas. Esta reunión acabaría
teniendo mucha resonancia por cuanto algunos de los generales que asistieron a
la misma afirmaban que el presidente se comprometió ante ellos a no legalizar
al Partido Comunista.
El 10 de septiembre de
1976 Suárez se dirigió al país para dar cuenta de las líneas maestras y de los
objetivos de la ley para la Reforma política:
Me
presento ante todos ustedes para darles cuenta del Proyecto de Ley para la
Reforma Política, para decirles, sencillamente, cómo propone el Gobierno que
sea nuestro futuro y para convocar a todo el pueblo español a una tarea de
protagonismo y solidaridad. Hablar de política para un Presidente del Gobierno
quiere decir intentar despejar incógnitas y clarificar los objetivos que
perseguimos.
A
partir de hoy mismo, fecha en que el Consejo de Ministros ha acordado remitir
al Consejo Nacional y, en su momento, a las Cortes el Proyecto de Ley para la
Reforma Política, creemos haber llegado a la recta final de este proceso
iniciado hace tiempo, del modo más racional y congruente con la sinceridad
democrática: dar la palabra al pueblo español.
Pienso
que la democracia debe ser obra de todos los ciudadanos y nunca obsequio, concesión
o imposición, cualquiera que sea el origen de ésta. Por eso estamos convencidos
que para su logro es preciso el concurso de cuantas fuerzas articulen el cuerpo
nacional.
Se
trata de acomodar nuestros esquemas legales a la realidad del país. En
consecuencia hemos procurado examinar con toda objetividad las demandas
políticas que se producen desde la ciudadanía, y para ello hemos conectado con muchos
de los grupos políticos más significativos que existen en España y que ofrecen
alternativas estimables, sean de derecha, de centro o de izquierda, para
escuchar con respeto sus puntos de vista.
Pero
la opinión pide hechos, y con ellos queremos responder. Ha llegado el momento
de clarificar la situación política, y el pueblo español debe legitimar con su
voto a quienes, en virtud del nuevo pluralismo surgido en España, aspiran a ser
sus intérpretes y representantes. Reconocido en la Declaración Programática
del Gobierno el principio de que la soberanía nacional reside en el pueblo, hay
que conseguir que el pueblo hable cuanto antes. Con ello hacemos realidad el
deseo expresado por S. M. el Rey ante el nuevo Gobierno de «pulsar y conocer en
profundidad las aspiraciones del pueblo español y acertar a canalizarlas por
cauces de autenticidad y normalidad».8
He
dicho la palabra «elecciones» y, efectivamente, ésta es la clave del proyecto.
Las modificaciones constitucionales que contiene permitirán que las Cortes
—compuestas por Congreso y Senado— sean elegidas por sufragio universal,
directo y secreto, lo antes posible y, en todo caso, antes de junio de 1977. De
esta forma el pueblo participa en la construcción de su propio futuro, puesto
que se manifiesta, elige a sus representantes y son éstos los que toman
decisiones sobre las cuestiones que afectan a la comunidad nacional.
El
proyecto consta de cinco artículos, tres disposiciones transitorias y una final
que le confiere rango de Ley Fundamental. Atribuye la iniciativa de cualquier
revisión constitucional al Gobierno y al Congreso de Diputados y establece el
procedimiento para su aplicación. Las disposiciones transitorias ensamblan las
modificaciones constitucionales que se introducen en esta Ley —y que hacen
referencia a la composición de las Cortes— con el resto de la legalidad
vigente.
Nos
parece que cualquier otro planteamiento implicaría el debilitamiento del papel
del pueblo, cuando no su marginación. La libre voluntad de los españoles
correría el grave riesgo de ser sustituida por acuerdos a nivel de presuntas
representaciones que sólo pueden ser verificadas a través de las urnas. De esta
manera los grupos políticos que hoy se presentan con voluntad de protagonismo y
que son significativos y respetables, pero que carecen de mandato popular,
comenzarán a ser representativos del pueblo.
Con
este Proyecto de Ley, la reforma de las Leyes Fundamentales es importante,
aunque sólo afecte a una parte de las mismas. Y arranca de la legalidad
fundamental vigente, llevándose a cabo a través de los procedimientos
previstos. El Gobierno está convencido de que las instituciones comprenderán la
necesidad de esta reforma y respaldarán la apelación directa al pueblo al que
esas mismas instituciones se deben y sirven. No puede existir ni existirá un
vacío constitucional ni, mucho menos, un vacío de legalidad. No puede
producirse ese vacío porque España es un Estado de Derecho que se basa en la
primacía de la Ley.
Es precisamente la legalidad el asidero de que disponemos para
garantizar las libertades públicas. La ausencia de normas lleva al arbitrismo y
puede conducir a la anarquía. En el Proyecto de Ley que les anuncio no se
pretende hacer borrón y cuenta nueva. Se modifican aspectos concretos para
hacer viable el propósito de la Corona de que el pueblo español sea el dueño de
sus destinos”.
Una reforma de la
organización sindical que abría la posibilidad de legalizar a organizaciones
como UGT, ligada al Partido Socialista y, sobre todo, Comisiones Obreras,
ligadas estas últimas al Partido Comunista, propició un enfrentamiento en el
seno del gobierno entre el presidente y su primer vicepresidente, teniente
general De Santiago, que fue cesado fulminantemente y, tras un artículo de
prensa, pasado a la reserva junto con el teniente general Iniesta Cano. El
sustituto de De Santiago iba a ser uno de los más firmes apoyos, tanto en lo
personal como en lo político del presidente, el teniente general Manuel
Gutiérrez Mellado.
En octubre de 1976 la
organización terrorista ETA se hizo presente de forma sangrienta con el
asesinato del presidente de la Diputación de Guipúzcoa y cuatro de sus
escoltas. Empezaba de este modo una escalada que tendría en 1980 su momento
culminante con la muerte de 124 personas.
En noviembre las
centrales sindicales quisieron hacer una demostración de fuerza declarando una
huelga general, que sin embargo fue bien contrarrestada por el gobierno. En
este mismo mes las Cortes aprobaron el proyecto de ley para la Reforma
política. El texto fue discutido por el procedimiento de urgencia, ideado por
el presidente de las Cortes con el empeño de eludir las dilaciones que los
procuradores más reacios a la reforma planteaban en el trabajo en comisión. La
aprobación del proyecto el día 18 de noviembre suponía un cambio radical en la
forma de entender la representación política. Se pasaba del sistema de
representación orgánica, propio del parlamento
franquista, a un sistema de representación similar al de las democracias
europeas, con elecciones por sufragio universal de un parlamento bicameral, con
congreso y senado. La ley para la Reforma Política tenía carácter de ley
fundamental y fue sometida a Referéndum que se celebró el día 15 de diciembre
de 1976, siendo aprobada por amplia mayoría.
En el mismo mes de
diciembre se dio autorización para que el Partido Socialista Obrero español,
todavía no legalizado, celebrara por primera vez en España tras la guerra civil
un congreso, el XVII, que constituyó un éxito en lo que se refiere a la
atención captada de los medios y también por el alto nivel de representación de
las delegaciones que acudieron.
Más difícil resultaba
aceptar la presencia normal del Partido Comunista, el principal enemigo del
régimen de Franco. El secretario general de este partido, Santiago Carrillo, se
encontraba de manera clandestina en España desde febrero de 1976, pero al no
poder presentarse de manera pública se veía situado en un plano de desigualdad
en relación con los socialistas. Carrillo decidió forzar la situación con un
acto audaz: la celebración de una rueda de prensa en el centro de Madrid. Ante
tal hecho, las fuerzas policiales hicieron de su detención un punto de honor.
La detención tuvo lugar en vísperas de Navidad, el día 22 de diciembre. Con
este acto, Carrillo, al que legalmente no se podía expulsar de España,
consiguió que, tras unos días de prisión, fuera puesto en libertad y pudiera
presentarse de manera pública.
Un hecho grave sucedió
en este mes de diciembre de 1976, tan cargado de acontecimientos: el secuestro
del presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol y Urquijo. El
GRAPO, grupo siempre envuelto en la oscuridad, reivindicó el acto.
Terminaba el año 1976 y
con él, seis meses del gobierno de Suárez. Las novedades fueron muy importantes
y el éxito de la gestión del presidente resultaba de momento indiscutible.
Tenía el apoyo del rey, del presidente de las Cortes y un indudable apoyo
popular en aquellos momentos. Quienes habían recibido al presidente con
desprecio tuvieron que entonar la palinodia.
Tras los éxitos del año
anterior 1977 se presentaba con importantes tareas pendientes pero con la
sensación de que lo más difícil había sido ya superado. Pronto se producirían
una serie de acontecimientos que harían de ese mes de enero uno de los más
dramáticos de todo el proceso de transición.
Seguía secuestrado el
presidente del Consejo de Estado. El 23 de enero, en el transcurso de una
manifestación a favor de la amnistía un pistolero de extrema derecha asesinaba
al estudiante Arturo Ruiz. Al día siguiente, en una marcha de protesta un bote
de humo alcanzaba mortalmente a la estudiante María Luz Nájera. Poco después,
en un despacho laboralista de la calle de Atocha pistoleros de extrema derecha
vinculados a la estructura de los viejos sindicatos verticales causaban una
masacre matando a cinco abogados y dejando una gran cantidad de heridos. Por si
todo esto no fuera suficiente, el GRAPO actuaba de nuevo secuestrando al
presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, teniente general
Villaescusa. El mismo grupo acabaría asesinando a unos policías que custodiaban
unas oficinas bancarias.
En aquellos momentos tan
delicados, el general Milans del Bosch, jefe de la División Acorazada Brunete
ordenaba unos movimientos de tropas equívocos.
El presidente Suárez se
decidió a dirigirse al país a través de la televisión el 29 de enero de 1977
con un discurso en el que dejó clara su voluntad de no ceder ante el chantaje
del terror pero dejando igualmente claro que no cedería en su impulso
reformista.
“Deseo, sin embargo, que quede una cosa muy
clara: de entreguismo a la subversión, nada; de actitudes tibias hacia las
provocaciones, nada; de despreocuparnos ante los grandes temas que puedan rozar
la unidad, la independencia o la seguridad de la Patria, nada. Pero, en cambio,
sí decimos que de actitud y predisposición al diálogo pacífico, todo; de abrir
el juego político para normalizar la vida ciudadana, todo; del reconocimiento
a la peculiaridad y personalidad de las regiones, todo; de hacer posible que
las diversas opciones políticas puedan desarrollar sus legítimas aspiraciones
al poder, absolutamente todo”.
El homenaje que se debía
tributar a los abogados asesinados se convirtió en una prueba tanto para el
gobierno de Suárez como para el todavía ilegal Partido Comunista, que hizo en
la calle una demostración de dominio de sus simpatizantes al conseguir despedir
a las víctimas con un duelo en el que no hubo lugar para la provocación. La
imagen de los comunistas ganó mucho en esa despedida multitudinaria.
En el mes de febrero,
tras una reforma administrativa de la ley de Asociaciones aceptada por los
partidos de la oposición, pasaron estos a ser legalizados. Cuando el Partido
Comunista pretendió hacer lo mismo, su inscripción fue rechazada y remitida al
Tribunal Supremo para que este decidiera sobre la legalidad o no de sus
estatutos. La liberación por la policía de los secuestrados Oriol y Villaescusa
supuso un importante respiro en el ambiente de tensión de aquellos días.
Mientras, el gobierno
mantenía un diálogo con las fuerzas de la oposición agrupadas en el organismo
denominado Coordinación Democrática,
conocido popularmente como la “Platajunta”
por ser tal organismo resultado de la unión de la Junta Democrática de España, con hegemonía comunista, y de la Plataforma de Organismos Democráticos,
con fuerte implantación socialista.
Suárez mantenía
contactos indirectos con el líder comunista Santiago Carrillo, por mediación
del periodista José Mario Armero. En uno de sus muchos gestos arriesgados y
audaces, el presidente decidió tener un encuentro secreto con Carrillo, que
tuvo lugar el día 27 de febrero de 1977 en el domicilio de Armero. La
conversación duró horas y transcurrió en un ambiente de gran entendimiento
personal. Suárez le expuso a Carrillo su deseo personal de que el Partido Comunista
tuviera reconocimiento legal pero a su vez le transmitió la gran oposición que
existía en algunos ámbitos, y en especial en el militar, a dar este paso. A su
vez, Carrillo manifestó con contundencia que unas elecciones a las que su
partido no pudiera presentarse no tendrían ninguna legitimidad democrática.
Aunque no se llegó a resultados definitivos, el canal de comunicación ya estaba
establecido.
Cuando el presidente de
las Cortes, Torcuato Fernández-Miranda, fue informado por Suárez del encuentro
con el dirigente comunista montó en cólera. Lo consideraba un paso en exceso
arriesgado y que podía dar al traste con el complejo equilibrio con que se
llevaba la reforma.
Desde la aprobación en
referéndum de la ley para la Reforma Política se produjo un cambio muy
perceptible en las relaciones tanto institucionales como personales entre el
presidente del Gobierno y el presidente de las Cortes.
Fernández- Miranda,
hombre de leyes, había proporcionado a Suárez, en los seis primeros meses de su
gobierno, el andamiaje legal que este necesitaba para dar salida a los
proyectos reformistas. Una vez aprobada la Ley para la Reforma Política,
Suárez, hombre más político que de leyes, vio que era el momento de las
decisiones audaces, a veces peligrosas, y ya no se sintió cómodo con la tutela
que Fernández- Miranda, hombre del rey, quería seguir ejerciendo sobre él.
Suárez no se iba a conformar con ser el simple ejecutor de una partitura ajena.
Durante el mes de marzo
el problema que planteaba la posible legalización del Partido Comunista entraba
en una fase decisiva: pronto habría que convocar elecciones y no se podía ir a
las mismas sin haber antes zanjado este espinoso asunto. El Tribunal Supremo se
declaró incompetente para resolver la cuestión, con lo cual era el Gobierno
quien debía decidir y asumir tanto las consecuencias como la responsabilidad de
la decisión. El gobierno quiso cubrir la legalidad de su decisión con un
informe de la Fiscalía del Reino, que nada podía objetar a los estatutos que el
Partido Comunista había presentado. Una vez con el informe favorable el
presidente Suárez se dispuso a la legalización del partido que se había
considerado como el enemigo natural del franquismo. La decisión se oficializó
el día 9 de abril de 1977, que coincidía con un Sábado Santo y por tanto con la
ausencia en la capital de muchas e importantes personalidades.
Las reacciones ante la
medida fueron diversas: los simpatizantes comunistas, conscientes del delicado
momento, reaccionaron con satisfacción pero con moderación. La reacción del
antiguo ministro y líder de la agrupación de derechas Alianza Popular, Manuel
Fraga, fue en extremo negativa, ya que afirmó que con la legalización del
Partido Comunista la reforma perdía su carácter de tal y se pasaba directamente
a una ruptura con el sistema anterior, cosa a su juicio inadmisible.
La reacción más
peligrosa se produjo días después, cuando en una reunión del Consejo Superior
del Ejército, se llegó a adoptar una resolución de acuerdo con la cual el
Ejército manifestaba su absoluto rechazo a la legalización del Partido
Comunista, dejando claro su malestar ante un hecho consumado que aceptaba por patriotismo pero sin ninguna
convicción.
Otra crisis relacionada con el mismo asunto iba a afectar tanto a las Fuerzas Armadas como al propio gobierno: la dimisión del ministro de Marina, almirante Gabriel Pita da Veiga. La dimisión de este ministro, que venía ocupando el cargo desde tiempos de Carrero Blanco, abrió un paréntesis peligroso dado que ningún almirante en activo estaba dispuesto a aceptar un ofrecimiento del cargo realizado por el presidente Suárez. Finalmente hubo que recurrir a un almirante en la reserva, Pascual Pery Junquera.
Otra crisis relacionada con el mismo asunto iba a afectar tanto a las Fuerzas Armadas como al propio gobierno: la dimisión del ministro de Marina, almirante Gabriel Pita da Veiga. La dimisión de este ministro, que venía ocupando el cargo desde tiempos de Carrero Blanco, abrió un paréntesis peligroso dado que ningún almirante en activo estaba dispuesto a aceptar un ofrecimiento del cargo realizado por el presidente Suárez. Finalmente hubo que recurrir a un almirante en la reserva, Pascual Pery Junquera.
Ante la gran cantidad de
acontecimientos importantes que tuvieron lugar en esas fechas casi nadie recuerda
que el 1 de abril de 1977 quedó suprimida la secretaría general del Movimiento,
pasando el ministro secretario, Ignacio García López a ocupar el cargo de
Ministro Secretario General del Gobierno. Terminaban de este modo caso cuarenta
años de una institución que había surgido en plena guerra civil tras el Decreto
de Unificación de abril de 1937, dictado en Salamanca y por el que se
constituía Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva
Nacional Sindicalista, bajo la jefatura personal de Franco, tras neutralizar a
los posibles líderes de las agrupaciones que pasaban a estar integradas en el
nuevo movimiento, considerado a partir de entonces como partido único. Lo que
empezó siendo un remedo de los partidos fascistas de Europa acabó siendo un
desvaído ente burocrático que a partir de los años sesenta fue denominado
Movimiento Nacional.
Conforme se acercaba la
fecha de la convocatoria electoral iba resultando cada vez más claro el deseo
por parte del presidente de concurrir a las elecciones. Para ello se decidió
construir un partido desde el poder que, apoyándose en la coalición Centro
Democrático, ya existente, aportara el carisma que Suárez había ganado como
líder de la operación reformista. El resultado fue la constitución de la Unión
de Centro Democrático ( UCD ).
Suárez se dirigió al país tanto para comunicar su decisión
de presentarse como para aclarar algunos puntos sobre la necesidad de haber
legalizado al Partido Comunista :
Creo
modestamente tener el derecho y al mismo tiempo el deber de identificarme públicamente
y no a escondidas, con aquellos grupos o personas que desde una posición de
centro pretenden ofrecer a los electores lo que ha sido una constante de mi
Gobierno, una alternativa política que tienda a evitar peligrosos enfrentamientos,
ofreciendo al mismo tiempo una plataforma de colaboración para un entendimiento
duradero entre los españoles.
Creo que
es una opción que debe ser ofrecida al electorado junto a las demás que existen
en nuestro panorama político y pienso que esta opción no perjudica a ninguna de
las fuerzas que ya se han perfilado con nitidez ante las elecciones. En todo
caso, permite cubrir un espacio político que, a mi juicio, todavía no está
suficientemente delimitado.
Desde
esta perspectiva he tomado la decisión de presentarme como candidato independiente
al Congreso de Diputados. Ruego a todos ustedes, y muy especialmente a las
Fuerzas Políticas, que me hagan el honor de creer que es una decisión muy
meditada, muy consultada, ciertamente incómoda y con evidentes riesgos.
Por eso, al presentarme como candidato no
voy a buscar un voto fácil ni a hacer una solicitud de respaldo personal. Nunca
he perseguido en mis acciones de gobierno, pedir nada para mí. Se me encargó la
misión de llevar a buen puerto la reforma política de nuestro país, y debo
comparecer a juicio público cuando se establece la primera consulta
democrática..
Más adelante afirmaba:
Sin embargo, algunos recientes actos del Gobierno realizados
con esta inspiración han sido vividos como factores de perturbación de la
normalidad. Me refiero, naturalmente, a la legalización del Partido Comunista
de España. Yo sé con cuánta preocupación ha
sido vista esta medida por muchos ciudadanos. Y porque lo sé, y porque
estoy convencido de la necesidad de ese paso, y porque soy responsable de
todas y cada una de las acciones del Gobierno, quiero exponer aquí nuestras
razones.
Cuando en
el verano de 1976 las Cortes Españolas aprobaron la reforma del Código Penal,
todos entendimos que el Partido Comunista tal y como se presentaba en aquellas
fechas, quedaba afectado por la nueva redacción del artículo 172, y, por tanto,
excluido de la legalidad.
Y con
mucha razón, con gran coherencia lógica, porque en aquellas circunstancias el
Partido Comunista se definía como un enemigo declarado, como un grupo que rechazaba
completamente las opciones políticas fundamentales que definían aquella situación.
El Partido Comunista se colocaba fuera de la legalidad, y como tal debía ser
tratado.
Pero
¿quién duda, señores, de que las circunstancias políticas han cambiado desde
aquel momento? ¿Puede alguien dudar que las normas de convivencia y su
aceptación por los partidos políticos han cambiado sustancialmente? ¿Quién
puede negar que fuerzas políticas que entonces estaban marginadas hoy optan por
participar en la normalidad?
Todo esto
fue posible porque las mismas Cortes que en julio entendían clara la exclusión
del Partido Comunista, en el mes de noviembre aprobaban la Ley para la Reforma
Política y, sobre todo, porque ustedes mismos la aprobaron masivamente el
pasado 15 de diciembre.
Esta Ley
significaba un cambio sustancial en la política española. Al proclamar que «la
democracia en el Estado español se basa en la supremacía de la Ley, expresión
de la voluntad soberana del pueblo, y que los Derechos Fundamentales son
inviolables y vinculan a todos los órganos del Estado», establecía un punto de
no retorno en la vida pública española.
El
destino pasaba a ser el marcado por el pueblo español; una democracia plena,
con una acción política ejercida bajo el amparo de la Corona y el imperio de la
Ley.
El nuevo
marco político hizo que muchos partidos solicitasen su legalización. Entre
ellos figuró el Comunista, quien presentó unos estatutos perfectamente legales,
no contradichos en su conducta pública de los últimos meses.
Ante
esta voluntaria solicitud de someterse a las reglas de juego del Estado, al
Gobierno le cabían tres opciones: El rechazo, que sería incoherente con la
realidad de que el Partido Comunista existe y está organizado; la lucha contra
él, que sólo se podría ejercer por la represión. Por último, aplicar la
legalidad, recabando la información jurídica oportuna para comprobar si
encajaba o no encajaba en la Ley.
La conclusión después de la sentencia del Tribunal Supremo y
del dictamen del fiscal del Reino ha sido que no había contraindicación legal
para su inscripción en el Registro. Dado que ni el Gobierno ni nadie puede
juzgar sospechas, sino conductas, y la conducta era compatible con la Ley, el
Gobierno procedió a la legalización. Acepto por completo la responsabilidad de
esta decisión, que se fundó en dos principios básicos: El del realismo y el del
patriotismo. Realismo, porque entiendo que no es buena política la que se basa
en cerrar los ojos a lo que existe. Patriotismo, porque el servicio que en
estos momentos nos exige España, es aclarar las reglas del juego y numerar a
los participantes.
Mal
podríamos entrar en una campaña electoral sin saber dónde está cada uno de los
grupos o partidos políticos. Mal podríamos intentar que el Estado fuera sólido,
si no lo creemos capaz y lo hacemos capaz de albergar en su seno y en sus
instituciones a todas las fuerzas políticas que aceptan la legalidad de ese
mismo Estado. Mal podríamos, señoras y señores, mirar a nuestro futuro de concordia
si dejásemos que hubiese una acción política socavando los cimientos, en lugar
de sacarla, con todos los derechos, pero también con todas las obligaciones, a
la luz del día.
La
política, señoras y señores, si queremos que sea positiva, no se debe hacer a
base de sentimientos, sino sobre los datos de la realidad. Una gran nación no
se construye sólo sobre nobles impulsos del corazón, sino con el estudio
detallado de los hechos que tenemos delante.
Sería
paradójico, por ejemplo, que cuando hemos establecido relaciones diplomáticas
plenas con los países del Este, mantuviésemos al margen de la Ley a aquellos
comunistas del interior que aceptan una convivencia legal. Sería paradójico
que, queriendo hacer una democracia en la normalidad, marginásemos deliberadamente
a quienes aseguran desear participar en ella.
Pienso
que sólo la Ley puede marcar los caminos. Y en este sentido, el Gobierno
recuerda el principio de la igualdad de todos ante la Ley y está dispuesto a
aplicarla con el máximo rigor en defensa de la unidad de España, de la
Institución Monárquica, así como para impedir el establecimiento de cualquier
sistema totalitario, o la subversión del orden y de la paz pública,
independientemente de la ideología de quienes lo intenten, como creo que este Gobierno
ya demostró en repetidas ocasiones.
En cuanto
al Partido Comunista o cualquier otro, si su conducta posterior —directa o
indirectamente— incurriera en ilegalidad, pueden tener ustedes la seguridad de
que caería sobre ellos todo el peso de la Ley.
Yo,
señores, no sólo no soy comunista, sino que rechazo firmemente su ideología,
como la rechazan los demás miembros del Gabinete que presido. Pero sí soy
demócrata, y sinceramente demócrata. Por ello pienso que nuestro pueblo es
suficientemente maduro —y lo demuestra a diario— como para asimilar su propio
pluralismo”.
Tras el anuncio de la convocatoria de elecciones y su decisión de
presentarse a las mismas el ambiente político se fue tornando de una vistosidad
desconocida en España pues las últimas elecciones de que se tenía recuerdo
databan de febrero de 1936.
Se asistió al regreso de personalidades que no estaban presentes
en España desde la Guerra Civil: el poeta Rafael Alberti, la dirigente
comunista Dolores Ibárruri, Pasionaria,la
vieja dirigente republicana Victoria Kent.
Existía una gran cantidad de fuerzas políticas pero destacaban
cuatro agrupaciones: a la derecha la coalición de Alianza Popular, dirigida por
Manuel Fraga y con mucha presencia de antiguos ministros de Franco. La
coalición de Unión de Centro Democrático, con Suárez al frente y un amplio
abanico de personalidades de orígenes diversos: socialdemócratas,
democristianos, liberales y antiguos miembros del Movimiento.
 |
| Suárez y Santiago Carrillo. |
En la izquierda estaba el Partido Socialista Obrero Español,
dirigido por Felipe González, el Partido Socialista Popular de profesor Enrique
Tierno Galván y el Partido Comunista de Santiago Carrillo. Más a la izquierda
del Partido Comunista estaban el Partido del Trabajo de España y la
Organización Revolucionaria de Trabajadores.
Se pudo asistir en televisión a la propaganda de los distintos
partidos y agrupaciones. El trece de junio los principales líderes realizaron
ante las cámaras su intervención final. Suárez, una vez más, demostró su
dominio del medio:
“Creo
modestamente que en esta nueva hora de España y al pedirles su voto, no traigo
mis papeles en blanco ni soy una incógnita.
Prometimos
devolverle la soberanía al pueblo español, y pasado mañana la ejerce.
Prometimos
normalizar nuestra vida política, gestionar la transición en paz, construir la
democracia desde la legalidad, y creemos que, con las lógicas deficiencias, lo
hemos conseguido.
Prometimos
que todas las familias políticas pudieran tener un lugar en las Cortes, y el
miércoles pueden lograrlo”
Más adelante vendría una de sus más famosas declaraciones:
Puedo
prometer, y prometo, que nuestros actos de gobierno constituirán un conjunto
escalonado de medidas racionales y objetivas para la progresiva solución de
nuestros problemas.
Puedo
prometer, y prometo, intentar elaborar una Constitución en colaboración con
todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de
escaños.
Puedo prometer, y prometo, porque después de las elecciones
ya existirán los instrumentos necesarios, dedicar todos los esfuerzos a lograr
un entendimiento social que permita fijar las nuevas líneas básicas que ha de
seguir la economía española en los próximos años.
Puedo
prometer, y prometo, que los hombres de Unión de Centro Democrático promoverán
una reforma fiscal que garantice, de una vez para todas, que pague más quien
más tiene.
Puedo
prometer, y prometo, un marco legal para institucionalizar cada región según
sus propias características.
Puedo
prometer, y prometo, que trabajaremos con honestidad, con limpieza y de tal forma,
que todos ustedes puedan controlar las acciones de gobierno.
Puedo, en
fin, prometer, y prometo, que el logro de una España para todos no se pondrá en
peligro por las ambiciones de algunos y los privilegios de unos cuantos.
Las elecciones se celebraron el día 15 de junio de 1977 en medio
de una gran ilusión. Del resultado de las mismas se desprendía que había una
opción ganadora, la UCD de Suárez, aunque sin mayoría absoluta. En la oposición
quedaba como principal partido el PSOE. Los comunistas quedaban en tercer lugar
siendo la gran derrotada la agrupación de derechas de Alianza Popular de Fraga.
Pocos días después de las elecciones el presidente Suárez recibía
en Madrid al presidente de la Generalitat en el exilio Josep Tarradellas. Se
daba por primera vez carta de naturaleza a un representante de la legalidad
republicana derrotada en 1939.
Terminaba de este modo el primer periodo de gobierno de Suárez, el
más brillante y probablemente el que más ha quedado fijado en la memoria de los
españoles. El héroe de la retirada
había cumplido de sobra su misión. A lo que no estaba dispuesto el héroe de la retirada es a retirarse.
PRESIDENTE DEL GOBIERNO GRACIAS A LAS URNAS.
Entre julio de 1976 y junio de 1977 la labor de este gobierno que
con tantas reservas había sido recibido logró un cambio radical de las bases
institucionales del sistema político español. Con todo, se iba a entrar en una
nueva etapa, el segundo periodo de Suárez al frente del gobierno, en la que el
presidente ya no debía el cargo a la confianza del rey sino a los votos
obtenidos. Un personaje que había sido nombrado por carecer de proyecto propio
pasaba a ocupar un lugar no previsto por quienes le nombraron, que vieron en él
siempre a un instrumento y nunca a un protagonista. A partir de aquí la
situación de Suárez empezaría a cambiar. Continuarían los éxitos, algunos de
ellos remarcables, pero empezaría también la urgencia de muchos por apartar a
un protagonista no deseado de la nueva situación. Quienes habían aupado a
Suárez al poder esperaban de él que hiciera de puente entre la antigua y la
nueva situación. No contaban con que Suárez pretendiera pilotar unos nuevos
tiempos con características y exigencias muy distintas a aquellas a las que
hubo de hacer frente. El propio Suárez no era conocedor de la dinámica
parlamentaria y ello le daría grandes quebraderos de cabeza pero en principio
nada de eso asomaba a la superficie.
Por de pronto Suárez presentó una dimisión pro forma al rey, que ratificó su confianza en el líder que contaba
con más parlamentarios en las nuevas Cortes. Estas Cortes, constituidas de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley para la Reforma Política, constaban de dos
cámaras con capacidad legislativa: Congreso de los Diputados y Senado. El Congreso
había sido elegido por el sistema proporcional corregido que primaba a las
listas más votadas. En el Senado se representaba a los territorios, que
entonces se limitaban a las provincias. Al frente de cada cámara estaba un
presidente elegido por los miembros de cada una de ellas. En el Congreso el
elegido fue Fernando Álvarez de Miranda, procedente del sector democristiano de
la UCD. En el Senado resultó elegido Antonio Fontán, catedrático ligado al Opus
Dei e integrado también en las filas de la UCD. Además de los presidentes de cada
cámara, existía la figura de Presidente de las Cortes, cargo de designación
real que recayó en el jurista Antonio Hernández Gil. El rey tenía también la
potestad de designar a cuarenta senadores, entre los cuales se nombraron a
conocidas figuras de la política, las artes y las letras.
La tarea más urgente fue la de organizar los grupos
parlamentarios, establecer un reglamento provisional y atender a la demanda del
momento, que, de acuerdo a la correlación de fuerzas convirtió al parlamento
constituído en unas Cortes Constituyentes.
Para elaborar la nueva Constitución se nombró una Ponenecia
Constitucional formada por Pérez Llorca, Herrero de Miñón y Gabriel Cisneros,
por parte de UCD, Gregorio Peces-Barba por parte del PSOE, Solé Tura por parte
del PCE, Manuel Fraga por parte de Alianza Popular y Roca por parte de la
minoría catalana.
El nuevo gobierno de Suárez se formó con hombres de la UCD, un
militar y un independiente. El militar era el teniente general Gutiérrez
Mellado, que ocupaba la primera vicepresidencia para asuntos de la defensa. Al
tratarse en la nueva situación de un gobierno partidista, Gutiérrez Mellado
solicitó su pase a la reserva. Se creó, bajo su vicepresidencia, un ministerio
de Defensa del que en un primer momento se hizo cargo el propio vicepresidente.
La creación de un ministerio de defensa integraba en el mismo a las viejas
carteras de Ejército, Marina y Aire.
El independiente era el catedrático de economía Enrique Fuentes
Quintana, que se encargó de la vicepresidencia económica y de la nueva cartera
de Economía. Bajo su vicepresidencia estaba el ministerio de Hacienda, que pasó
a ser ocupado por Francisco Fernández Ordoñez, del sector socialdemócrata de la
UCD.
Figuras importantes de la política se incorporaban a este nuevo
gobierno, como era el caso de Pío Cabanillas, que se encargó de Cultura.
En Asuntos Exteriores continuó Marcelino Oreja. El ministerio de
la Gobernación adoptó el nombre de Ministerio del Interior y a su frente
permaneció Rodolfo Martín Villa.
El nuevo gobierno era ya un gobierno de partido. El parlamento
también estaba constituído a partir de la representación partidaria. No
obstante, era necesario elaborar una nueva constitución dado que la ley para la
Reforma Política no dejaba de ser un simple reglamento de cortes. A ello se
aplicaron los siete ponentes que empezaron a redactar el borrador de la nueva
constitución.
El otro frente que tenía abierto el gobierno de Suárez era el
económico. En este ámbito había que atender a dos cuestiones urgentes: en el
campo estrictamente económico la crisis de 1973, con el encarecimiento de los
precios de petróleo había creado enormes dificultades en los países
occidentales. Había ya síntomas desde hacía tiempo de que el constante
crecimiento que se había producido desde los años cincuenta estaba a punto de
llegar a su fin. En 1971 el presidente Nixon suspendió la relación del Dólar
con el oro. En 1973, tras la guerra árabe-israelí y el posterior embargo y
subida del precio del petróleo, la economía de los países occidentales se tambaleó.
Estos países se vieron obligados a adoptar planes de ajuste. A España le afectó
la crisis pero las características peculiares de su régimen hicieron que el
gobierno no se atreviera, por miedo a alterar la paz social, a tomar medidas al
respecto. La muerte de Franco puso el foco en los asuntos políticos y no se
hizo gran cosa en lo referente a la economía. La inflación era galopante y a
ella se sumaba un importante paro.
Suárez, a través de Fuentes Quintana, consiguió que las fuerzas
políticas y sindicales se comprometieran a garantizar unas medidas de ajuste y
moderación salarial que permitieran sanear la economía. Todo ello se concretó
en los Pactos de la Moncloa firmados
en el otoño de 1977.
En el ámbito hacendístico, Fernández Ordóñez, bajo la guía de
Fuentes Quintana, procedió por primera vez en la historia de España a
establecer un impuesto sobre la renta y el patrimonio. Hasta entonces, la
fiscalidad española se había sostenido básicamente sobre la imposición
indirecta.
A comienzos de 1978 desacuerdos entre el ministro de Economía y el
de Industria acerca de la nacionalización de la red de alta tensión, de la que
el titular de economía era partidario, llevaron a este a la dimisión pasando
los asuntos económicos a ser dirigidos por Fernando Abril Martorell, viejo
conocido de Suárez desde los tiempos en que este último era gobernador civil de
Segovia y el primero presidente de la Diputación.
En una intervención ante el pleno del Congreso celebrada el día 6
de abril para tratar de la situación política Adolfo Suárez realizó
probablemente una de sus mejores actuaciones parlamentarias, demostrando ante
el resto de los diputados y quizá, ante sí mismo, que no era en absoluto un
parlamentario incompetente. En respuesta no escrita a intervenciones de otros
parlamentarios trazó un dibujo, quizá el más gráfico que se haya hecho, de
cuáles eran los retos a los que se enfrentaba el gobierno en su tarea
cotidiana. Al final de su intervención afirmó:
“Yo diría
que al Gobierno se le pide con frecuencia que construya o colabore a construir,
porque todos somos constructores, el edificio del Estado nuevo sobre el
edificio del Estado antiguo, y se nos pide que cambiemos las cañerías del agua,
teniendo que dar agua todos los días; se nos pide que cambiemos los conductos
de la luz, el tendido eléctrico, dando luz todos los días; se nos pide que
cambiemos el techo, las paredes y las ventanas del edificio, pero sin que el
viento, la nieve o el frío perjudiquen a los habitantes de ese edificio, pero
también se nos pide a todos que ni siquiera el polvo que levantan las obras de
ese edificio nos manche, y se nos pide también, en buena parte, que las inquietudes
que produce esa construcción no produzcan tensiones.
Yo quiero
decir a Sus Señorías que tengan la absoluta seguridad de que entre todos
estamos haciendo un edificio nuevo, un edificio que tiene la singularidad de
que se está enfrentando quizá desde perspectivas arquitectónicas diferentes y
queremos que el modelo sea bueno y bello; pero podemos tener la seguridad absoluta
de que en ese edificio habrá una habitación cómoda y confortable para todas las
opciones políticas democráticas y una habitación confortable para cada uno de
los treinta y seis millones de españoles. Muchas gracias, y nada más”.
En el aspecto internacional el Gobierno de Suárez inició los
primeros pasos para la incorporación a las instituciones europeas, en especial
la Comunidad Económica Europea ( Mercado común ) antecedente de la actual Unión
Europea.
También en este flanco de la política internacional, el gobierno
de la UCD manifestó su intención de solicitar el ingreso en la OTAN.
Un rasgo curioso de la política internacional de Suárez radica en
el hecho de que esta siempre estuvo oscilando entre la natural opción
atlantista, representada por el ministro Marcelino Oreja, y cierto prurito de
independencia respecto de la diplomacia norteamericana que se plasmó en viajes
y encuentros notorios como los que tuvo Suárez con Fidel Castro en La Habana o
el encuentro en 1979 con el dirigente de la OLP Arafat en Madrid. Ambos
encuentros fueron muy criticados por ciertos sectores de lo que entonces se
denominaba como “poderes fácticos”.
En octubre de 1977 la Cortes aprobaron la concesión de una
amnistía total , en la que quedaban incluidos los delitos de sangre. Los
miembros de ETA encarcelados pudieron salir de prisión. No obstante, ETA
continuó con sus acciones.
Los trabajos constitucionales dieron un importante giro cuando
Alfonso Guerra, segundo hombre del PSOE y Abril Martorell decidieron acelerar
el proceso con vistas a alcanzar una constitución por acuerdo o consenso. A ese
consenso se incorporaron la mayor parte de fuerzas políticas y de este modo a
finales de 1978 el proyecto, discutido ya en el Congreso y en el Senado, estuvo
listo para su aprobación y posterior sometimiento a referéndum. Al consenso
constitucional no se incorporaron los nacionalistas vascos ni parte de Alianza
Popular. Sometido el texto a la aprobación de la población, resultó aceptado
por amplia mayoría el día 6 de diciembre de 1978. La sanción real a la
Constitución se realizó en sesión solemne y conjunta de las Cortes el 29 de
diciembre de 1978.
En
esta sesión , el rey afirmó respecto a la Constitución:
“Con ella se recoge la aspiración de la
Corona, de que la voluntad de nuestro pueblo quedara rotundamente expresada. Y,
en consecuencia, al ser una Constitución de todos y para todos, es también la
Constitución del Rey de todos los españoles.
Si ya en el mismo instante de ser
proclamado como Rey señalé mi propósito de considerarme el primero de los
españoles a la hora de lograr un futuro basado en una efectiva concordia
nacional, hoy no puedo dejar de hacer patente mi satisfacción al comprobar como
todos han sabido armonizar sus respectivos proyectos para que se hiciera
posible el entendimiento básico entre los principales sectores políticos del
país”.
 |
| El rey sanciona la Constitución el 29 de diciembre de 1978. |
El
segundo periodo de Suárez se podía considerar tan exitoso como el primero. Si
en el primero había sido el protagonista, en este segundo compartió ese
protagonismo con las demás fuerzas pero en todo caso la Constitución entró en
vigor con Suárez en la presidencia del Gobierno.
PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO.
Tras
la aprobación y promulgación de la Constitución dos posibilidades políticas se
le abrían al presidente: o bien seguir gobernando con la actuales Cortes, en
las que disponía de holgada mayoría , o bien disolver las mismas y convocar
nuevas elecciones. La segunda posibilidad entrañaba una ventaja y un riesgo: la
ventaja, convertirse en el primer presidente de gobierno constitucional; el
riesgo, perder las elecciones ante un partido socialista fuerte al que se
habían incorporado los miembros del Partido Socialista Popular del profesor
Tierno Galván. Tras alguna vacilación, el presidente optó por la disolución de
las Cortes y la convocatoria de elecciones que tendrían lugar en marzo de 1979.
La
campaña para las nuevas elecciones tuvo un carácter más bronco que la de las de
1977. Ya no se trataba de iniciar un proceso de transición para elaborar una
nueva constitución, ahora lo que se planteaba era una lucha descarnada por
ganar, relegando al olvido el consenso de los últimos años.
El
animal político que Suárez llevaba dentro se demostró en el último mensaje
televisado de cierre de la campaña, en el que apareció un Adolfo Suárez hasta
entonces desconocido por los españoles, que apelaba al miedo de los votantes,
presentando una imagen del Partido Socialista como peligroso, radical y
revolucionario. Poco faltó para que en el mensaje se mencionara el peligro de
tanques soviéticos a las puertas de Madrid en caso de que los socialistas
vencieran. El mensaje consiguió movilizar a los electores de derechas pero a su
vez diezmó a las fuerzas de Coalición Democrática, en la cual estaba la Alianza
Popular de Manuel Fraga.
Los
resultados de las elecciones supusieron un nuevo éxito del presidente, que
definitivamente ya no era el presidente del rey sino el presidente
constitucional. Las relaciones con los socialistas quedaron muy deterioradas
desde ese momento y más aún cuando en la sesión de investidura que preveía la
Constitución, Suárez cercenó toda posibilidad de debate.
Se
iniciaba la primera legislatura ordinaria con una actitud de miedo a la
discusión que progresivamente se haría habitual en el presidente, cada vez más
reticente a acudir al parlamento.
Un
mes después se celebraron las primeras elecciones municipales tras la guerra
civil, que propiciaron un pacto de socialistas y comunistas por el cual las
principales ciudades pasaron a ser gobernadas por equipos de izquierda. Desde
los medios más derechistas se recurrió al espantajo del Frente Popular.
La
formación del primer gobierno constitucional hizo que salieran ya a la
superficie de una manera más nítida las pugnas que existían en la UCD entre los
distintos sectores así como la clara idea que muchos de los dirigentes del
partido gubernamental tenían de que Suárez había sobrepasado con creces la
misión para la cual había ocupado el puesto en 1976.
Salieron
del gobierno hombres importantes como el ministro de Hacienda Francisco
Fernández Ordóñez o el ministro del interior Rodolfo Martín Villa. De la
cartera de interior se responsabilizó un militar, el teniente general Ibáñez
Freire. En cuanto a Defensa, dicha cartera pasó a ser ocupada por un civil,
Agustín Rodríguez Sahagún, reservándose el teniente general Gutiérrez Mellado
la vicepresidencia el gobierno para asuntos de la defensa.
La
situación de orden público se fue tornando cada vez más peligrosa por el
incremento de los atentados de ETA, que se centraban no sólo en sus
tradicionales objetivos en la Guardia Civil y en la Policía Nacional, sino que
cada vez apuntaban, en una calculada estrategia de tensión, a mandos militares
de alta graduación, con la clara intención de provocar el malestar militar. Los
entierros de víctimas militares servían de ocasión para insultos a los miembros
del gobierno llegando en ocasiones a claras muestras de insubordinación e
indisciplina, de las que era víctima constante el vicepresidente y teniente
general Gutiérrez Mellado, cordialmente odiado por sus teóricos compañeros de
armas.
 |
| Suárez recibe a Arafat en Madrid. |
El
rey, al que los militares veían de manera preconstitucional como su mando
directo, solía recibir estas muestras de descontento que intentaba canalizar
con su constante participación en actos castrenses. Unas manifestaciones de los
tenientes generales Milans del Bosch y González del Yerro, capitanes generales
de la tercera región militar (Valencia ) y Canarias respectivamente ponían en
cuestión el proceso de transición que el general Milans consideraba cono
globalmente negativo.
A
finales de 1979 un nuevo y brutal incremento de los precios del petróleo
provocó que en todas las economías occidentales se entrara en una nueva fase
recesiva. La llamada segunda crisis del
petróleo afectó de lleno a la economía española cuando esta aun no se había
recuperado de los efectos de la primera crisis. Se produjo un aumento del paro
y con él un incremento del malestar social.
El
año 1980 fue uno de los más difíciles de todo el gobierno de Suárez. En el
transcurso del mismo ETA asesinó a 124 personas. Las comparaciones con el año
1936 eran habituales entre los sectores más “ultras”, partidarios sin disimulo
de una intervención militar que pusiera fin a la experiencia democrática.
En
ese dramático año de 1980 Suárez tuvo que hacer frente a la clara rebelión que
desde el seno de su propio partido, la UCD, estaba planteada. Los llamados
“barones”, denominación que se daba a los líderes de los distintos sectores de
la UCD, empezaron a pasar de la desconfianza a la falta de consideración y
respeto hacia el liderazgo de Suárez. La oposición exterior al partido se
manifestaba con fuerza tanto desde la derecha de Manuel Fraga como desde el
Partido Socialista. En mayo de 1980, Felipe González, desde la tribuna del
Congreso de los Diputados, anunció la presentación por parte de su grupo de una
moción de censura contra el presidente Suárez. El anuncio causó conmoción en el
presidente, que prácticamente quedó sin reacción, siendo sus ministros quienes
tuvieran que sostener el debate con González. Según lo dispuesto por la
Constitución, la moción debía tener un carácter constructivo, es decir, que
junto con la censura al presidente se debía proponer un candidato alternativo
para sustituirlo. El mecanismo estaba tomado de la Ley Fundamental de la
República Federal Alemana y fue instituído por el constituyente por temor a la
clásica inestabilidad que había caracterizado a los gobiernos españoles de la
etapa parlamentaria anterior al franquismo, tanto de la monarquía de la
Restauración como de la Segunda República.
 |
| Suárez y el presidente de USA Carter. |
La
moción de censura, con las anteriores características, permitía que el
candidato pudiera exponer sin restricciones sus propuestas. Aunque estaba claro
que por la composición del parlamento la moción no podía prosperar, la amplia
difusión de los debates, en los que se pudo ver a Felipe González con energía y
al presidente Suárez totalmente abatido fue un durísimo golpe para este último.
Los
gobiernos eran cada vez más inestables. En mayo se hizo una remodelación en la
que entraron ministros como Juan José Rosón en Interior o José Luis Álvarez en
Transportes. El sector socialdemócrata se sintió desplazado.
En
el mes de julio tuvo lugar una reunión en una finca estatal próxima al embalse
de Santillana en la que participaron los principales “barones” de la UCD. Es la
reunión que ha pasado a la historia como la de “la casa de la pradera”. En la
misma, el liderzazo de Suárez fue discutido sin tapujos por parte de hombres
como Joaquín Garrigues Walker, Rodolfo Martín Villa y Landelino Lavilla, líder
del sector democristiano. Se llegó a barajar la idea de la dimisión del
presidente.
En
el mes de septiembre un nuevo gobierno incorporó de nuevo en el ejecutivo a los
principales “barones”. Francisco Fernández Ordóñez asumió la cartera de
Justicia, desde la que impulsó un proyecto de ley de divorcio que enemistó a
los sectores más conservadores con el gobierno. Abril Martorell perdió el
ascendiente de que disfrutaba ante Suárez dado que se había enemistado con los
principales líderes.
 |
| Suárez saluda a Fidel Castro en La Habana. |
En
la prensa de aquellos días se empezó a hablar con mucha frecuencia de la
necesidad de un “gobierno de gestión”. Algunos políticos afirmaron que sería
necesario formar un gabinete con representación de los principales partidos
políticos pero que no estuviera dirigido por Suárez. Ya se comenzó a mencionar
la necesidad de que dicho gobierno estuviera presidido por un militar, y el
nombre de Armada, general de división próximo al rey pero del que Suárez
desconfiaba profundamente, fue citado como un hombre capaz de sacar la
situación adelante.
Suárez
había perdido el apoyo de su partido, no contaba con el apoyo de la banca ni de
la gran patronal y además gran parte del ejército sentía animadversión a su
persona.
El
rey tampoco sentía ya el mismo aprecio por un hombre al que veía cada vez más
ayuno de fuerzas y apoyos y por tanto, más como un problema que como una
solución. Las relaciones entre el rey y el presidente del gobierno se habían
tornado distantes. La complicidad de otros tiempos había desaparecido. La
Constitución dejaba claro que la única confianza con la que debía contar el
presidente era con la del Congreso, pero en la mentalidad de Suárez actuaba una
idea que aunque no tenía apoyo constitucional, sí lo tenía en su experiencia
personal: él había sido nombrado en 1976 por el rey. En cierto modo, su acción
necesitaba de una “doble confianza”, la de la Cámara baja y la del Jefe del
Estado. Durante la Segunda República así funcionaba el sistema institucional
pero ese no era el caso de la Constitución de 1978. Suárez quiso forzar a su
propio grupo y para ello recurrió al mecanismo constitucional que permitía
solicitar la confianza de la cámara, la llamada Cuestión de Confianza. Suárez obtuvo la confianza solicitada pero
desde la prensa uno de los diputados de la UCD más influyentes, Miguel Herrero
de Miñón, publicó con el título de Sí
pero..un artículo en el diario El País el 19 de septiembre de 1980 que
resultó demoledor para la cohesión del partido gubernamental y para el
liderazgo de Suárez. En él se vertían afirmaciones y juicios como los siguientes:
“1. Sí a UCD, nuestro partido, el que por
dos veces en tres años ha querido la mayoría de los españoles; al que
correspondió la mayor cuota en la ineludible tarea de la transición; el que,
dando a nuestra vida pública un talante de moderación, ha prestado un
inapreciable servicio a la estabilidad política de España; el que en
circunstancias difíciles de todo tipo ha satisfecho en un alto porcentaje las
aspiraciones fundamentales de su electorado.2. Sí a la solidaridad de nuestro grupo parlamentario,
sin duda el más importante y representativo de los órganos del partido y al
que, como es propio de todo sistema democrático occidental, debería
corresponder, junto con su homólogo del Senado, la dirección de la política
parlamentaria de UCD.
Ese grupo, cuyos miembros contribuyeron,
cada uno parcialmente, pero todos juntos decisivamente, a los triunfos
electorales de 1977 y 1979; ese grupo donde se han decantado nuestros mejores
hombres; ese grupo gracias a cuya confianza se mantiene el Gobierno y que con
un voto constante, disciplinado e incluso abnegado ha permitido muchas decenas
de victorias parlamentarias.
3. Sí al Gobierno recientemente constituido, algunos de cuyos
miembros unen a su alta competencia personal la calidad de jefes históricos del
centrismo español, deseando a su gestión el éxito que sus cualidades
individuales merecen y que el prestigio de UCD necesita, porque en la tarea
está empeñada la suerte de muchos de sus hombres más representativos.
4. Sí a la colaboración de nuestros homólogos de Cataluña
-colaboración por la que vengo abogando, a veces en una inconfortable soledad,
desde 1977-, porque ello permite renovar y consolidar la necesaria mayoría
parlamentaria con dosis de sensata modernidad, abundante en la periferia, y, lo
más importante de todo, abre la esperanza de corresponsabilizar al nacionalismo
catalán -y ojalá fuera lo mismo con el vasco- en lo que es tarea de todos.
5. Sí a la decisión -¡tantas veces anunciada!- de ser firmes,
austeros y eficaces; a la decisión, en fin, de gobernar de una vez, aunque no
sabemos cómo y por qué ahora va a cumplirse tan pío deseo.
6. Pero no al caudillaje arbitrario que pretende ocultar la
irremisible pérdida del liderazgo político en el partido, en el Parlamento y en
el Estado. Porque, en una sociedad democrática, un Gobierno sólo es eficaz si
es capaz de inspirar confianza política, y eso no lo da sólo la eficacia de la
gestión sectorial de cada ministro, sino la seguridad en la dirección del
conjunto.
7. Pero no al ejercicio o, lo que es peor, a la inerte
posesión solitaria del poder, tendente a reducir el partido y la mayoría
parlamentaria a un mero séquito fiel. Porque un partido sólo puede servir a la
democracia política y social cuando el mismo es democrático, esto es, regido
por un liderazgo colectivo, abierto a sus cuadros intermedios, como éstos deben
estarlo a sus bases, y todos atentos al pálpito de la opinión pública que deben
tanto representar como ilustrar.
8. Pero no a los pactos y connivencias
secretas con minorías de muy distinta laya; nacionalistas unas;
seudonacionalistas, otras, y... ¡ojalá pueda parar aquí la enumeración! Porque
no sabemos el precio que por estos apoyos se pagan, y lo que de ello sabemos,
por su inconstitucionalidad, por su incoherencia política, por la falta de
criterio que revelan, atentan al pudor de la cosa pública.
9. Pero no al enfrentamiento radical y personal con la única
oposición democrática y nacional que existe, el Partido Socialista Obrero
Español (PSOE), ante el que no es preciso ceder, como se hacía antaño, pero con
el que es necesario dialogar siempre y coincidir en grandes temas de Estado,
como no se hace hogaño. Porque si gobernar no es ceder, gobernar en democracia
es dialogar no sólo con el argumento de los votos, sino también con el peso de
las razones y, en todo caso, con la garantía de la fiabilidad. Y no también a
la falta de un diálogo serio con CD.
10. Pero no a las ambigüedades de un programa
vagoroso, apto sólo para ir tirando. Porque el quid de la política no consiste
en estar en el poder, sino en saberlo utilizar, y gobernar no es permanecer
indefinidamente a bordo, aun sin jarcias ni timón, como un náufrago. Consiste
en saber fijar el rumbo, en saber alcanzar el puerto de destino...; en saber
incluso desembarcar.”
Este artículo daba carta
de naturaleza de manera oficial a la discusión del liderazgo de Suárez sobre su
propio partido. Cuando fue necesario nombrar un nuevo jefe del grupo
parlamentario de la UCD, el candidato del presidente fue derrotado por amplia
mayoría por Herrero de Miñon, que pasó a dirigir el grupo de la UCD en el
Congreso. El golpe para la autoridad de Suárez fue demoledor.
El tradicional menaje de
Nochebuena del rey no estuvo ese año
rodeado del habitual ambiente entrañable. Por el contrario, el rey apareció con
gesto serio y reconvino con severidad a la clase política para que se ocupara
de los graves asuntos que afectaban a la nación. Por primera vez de forma
pública, el rey manifestaba su descontento ante el rumbo por el que parecía
discurrir la sociedad española representada en su clase política.
EL COMIENZO DEL FIN.
Se iniciaba 1981, el
último año con Adolfo Suárez al frente del Gobierno. Los problemas del
presidente con la Iglesia, el ejército, la patronal, la banca y como
consecuencia de todo ello con el rey se agravaron. Diversas personalidades
políticas, como el ex presidente de la Generalitat de Cataluña Josep
Tarradellas, se manifestaban a favor de lo que denominaban como un necesario golpe de timón. En la prensa “ultra”,
representada en aquellos momentos por los diarios El Alcázar y El Imparcial,
se abogaba sin ningún disimulo a favor de una intervención militar. Un
denominado Colectivo Almendros,
publicaba unos artículos de clara intencionalidad golpista. Detrás de estos
artículos estaba la figura del teniente general
en la reserva Cabeza Calahorra, partidario de la teoría de la autonomía militar.
El general Armada estaba
destinado en el gobierno militar de Lérida y en calidad de gobernador de dicha
plaza era jefe de la división de montaña Urgell. En esta capital catalana se
entrevistó con políticos como Joan Reventós, líder entonces de los socialistas
catalanes y con Enrique Múgica, que se encargaba de los asuntos de defensa del
PSOE. La reunión tuvo lugar ejerciendo como anfitrión el alcalde Ciurana, del
mismo partido.
El rey, en ese mes de
enero, manifestó reiteradamente al presidente Suárez su deseo de que Armada regresara a Madrid en
calidad de segundo jefe de Estado Mayor del ejército. Suárez se opuso
radicalmente.
Estaba por aquel
entonces previsto celebrar un congreso de la UCD en Palma de Mallorca.
Landelino Lavilla, presidente del Congreso, se postulaba como alternativa a
Suárez.
 |
| Soledad de Suárez en el banco azul. |
A partir de aquí los
acontecimientos se tornan confusos. Suárez empieza a pensar seriamente en la
posibilidad de dimitir y así se lo va comunicando a unas pocas personas de su
confianza. Es consciente de que existe una amplia maniobra para sustituirlo al
frente del gobierno y es también consciente de que puede plantearse una nueva
moción de censura que, bajo un aspecto aparentemente constitucional, ponga al
frente del gobierno al general Armada, que no había dejado de conspirar en todo
este tiempo.
Finalmente Suárez decide
dimitir y así se lo plantea al rey, que no hace el menor esfuerzo, siquiera
fuera por cortesía, para que reconsidere su gesto.
Con su dimisión, Suárez
pretende evitar una intervención militar y trata de dar una salida de tipo
civil al problema político del momento.
Una huelga de
controladores aéreos estalla justo en aquellos días, haciendo imposible la celebración
del Congreso de Palma, que ha de ser aplazado. Suárez se decide a dirigirse al
país para comunicar de manera pública los motivos de su dimisión. Este hecho
sucede el día 29 de enero de 1981, justo cuatro años después de aquel mensaje
que dirigió con motivo de los sucesos de enero de 1977.
El discurso de despedida
de Suárez es uno de los grandes enigmas de la transición, y de él se hicieron
ya en su momento muchas interpretaciones:
«Hay momentos en la vida de todo hombre en los que se asume un especial
sentido de la responsabilidad.
Yo creo haberla sabido asumir dignamente
durante los casi cinco años que he sido presidente del Gobierno. Hoy, sin
embargo, la responsabilidad que siento me parece infinitamente mayor.
Hoy tengo la responsabilidad de explicarles,
desde la confianza y la legitimidad con la que me invistieron como presidente
constitucional, las razones por las que presento, irrevocablemente, mi dimisión
como presidente del Gobierno y mi decisión de dejar la presidencia de la Unión
de Centro Democrático.
No es una decisión fácil. Pero hay
encrucijadas tanto en nuestra propia vida personal como en la historia de los
pueblos en las que uno debe preguntarse, serena y objetivamente, si presta un
mejor servicio a la colectividad permaneciendo en su puesto o renunciando a él.
He llegado al convencimiento de que hoy,
y en las actuales circunstancias, mi marcha es más beneficiosa para España que
mi permanencia en la Presidencia.
Me voy, pues, sin que nadie me lo haya
pedido, desoyendo la petición y las presiones con las que se me ha instado a
permanecer en mi puesto, con el convencimiento de que este comportamiento, por
poco comprensible que pueda parecer a primera vista, es el que creo que mi
patria me exige en este momento.
No me voy por cansancio. No me voy porque
haya sufrido un revés superior a mi capacidad de encaje. No me voy por temor al
futuro. Me voy porque ya las palabras parecen no ser suficientes y es preciso
demostrar con hechos la que somos y lo que queremos.
Nada más lejos de la realidad que la
imagen que se ha querido dar de mí como la de una persona aferrada al cargo.
Todo político ha de tener vocación de poder, voluntad de continuidad y de
permanencia en el marco de unos principios. Pero un político que además
pretenda servir al Estado debe saber en qué momento el precio que el pueblo ha
de pagar por su permanencia y su continuidad es superior al precio que siempre
implica el cambio de la persona que encarna las mayores responsabilidades
ejecutivas de la vida política de la nación.
Yo creo saberlo, tengo el convencimiento,
de que esta es la situación en la que nos hallamos y, por eso, mi decisión es
tan firme como meditada.
He sufrido un importante desgaste durante
mis casi cinco años de presidente. Ninguna otra persona, a lo largo ce los
últimos 150 años, ha permanecido tanto tiempo gobernando democráticamente en
España. Mi desgaste personal ha permitido articular un sistema de libertades,
un nuevo modelo de convivencia social y un nuevo modelo de Estado. Creo, por
tanto, que ha merecido la pena. Pero, como frecuentemente ocurre en la
historia, la continuidad de una obra exige un cambio de personas y yo no quiero
que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la
historia de España.
Trato de que mi decisión sea un acto de
estricta lealtad. De lealtad hacia España, cuya vida libre ha de ser el
fundamento irrenunciable para superar una historia repleta de traumas y de
frustraciones; de lealtad hacia la idea de un centro político que se estructure
en forma de partido interclasista, reformista y progresista, y que tiene
comprometido su esfuerzo en una tarea de erradicación de tantas injusticias
como todavía perviven en nuestro país; de lealtad a la Corona, a cuya causa he
dedicado todos mis esfuerzos, por entender que sólo en torno a ella es posible
la reconciliación de los españoles y una patria de todos, y de lealtad, si me
lo permiten, hacia mi propia obra.
Pero este profundo sentimiento de lealtad
exige hoy también que le produzcan hechos que, como el que asumo, actúen de
revulsivo moral que ayude a restablecer la credibilidad en las personas y en
las instituciones. Quizá los modos y maneras que a menudo se utilizan para
juzgar a las personas no sean los más adecuados para una convivencia serena. No
me he quejado en ningún momento de la crítica. Siempre la he aceptado
serenamente. Pero creo que tengo fuerza moral para pedir que, en el futuro, no
se recurra a la inútil descalificación global, a la visceralidad o al ataque
personal porque creo que se perjudica el normal y estable funcionamiento de las
instituciones democráticas. La crítica pública y profunda de los actos de
Gobierno es una necesidad, por no decir una obligación, en un sistema
democrático de Gobierno basado en la opinión pública. Pero el ataque irracionalmente
sistemático, la permanente descalificación de las personas y de cualquier tipo
de solución con que se trata de enfocar los problemas del país, no son un arma
legítima porque, precisamente, pueden desorientar a la opinión pública en que
se apoya el propio sistema democrático de convivencia.
Querría transmitirles mi sentimiento de
que sigue habiendo muchas razones para conservar la fe, para mantenerse firmes
y confiar en nosotros los españoles. Lo digo con el ansia de quien quiere
conservar la fuerza necesaria para fortalecer en todos sus corazones la idea de
la unidad de España, la voluntad de fortalecer las instituciones democráticas y
la necesidad de prestar un mayor respeto a las personas y la legitimidad de los
poderes públicos.
Yo, por mi parte, les prometo que como
diputado y como militante de mi partido seguiré entregado en cuerpo y alma a la
defensa y divulgación del compromiso ético y del rearme moral que necesita la
sociedad española.
Todos podemos servir a este objetivo
desde nuestro trabajo y desde la confianza de que, si todos queremos, nadie
podrá apartamos de las metas que, como nación libre y desarrollada nos hemos
trazado.
Se puede prescindir de una persona en
concreto. Pero no podemos prescindir del esfuerzo que todos juntos hemos de
hacer para construir una España de todos y para todos.
Por eso no me puedo permitir ninguna
queja ni ningún gesto de amargura. Tenemos que mantenernos en la esperanza,
convencidos de que las circunstancias seguirán siendo difíciles durante algún
tiempo, pero con la seguridad de que si no desfallecemos vamos a seguir
adelante. Algo muy importante tiene que cambiar en nuestras actitudes y
comportamientos. Y yo quiero contribuir, con mi renuncia, a que este cambio sea
realmente posible e inmediato.
Debemos hacer todo lo necesario para que
se recobre la confianza, para que se disipen los descontentos y los
desencantos. Y para ello es preciso convocar al país a un gran esfuerzo. Es
necesario que el pueblo español se agrupe en tomo a las ideas, a las instituciones
y a las personas promovidas democráticamente a la dirección de los asuntos
públicos.
Los principales problemas de España
tienen hoy el tratamiento adecuado para darles solución. En UCD hay hombres
capaces de continuar la labor de gobierno con eficacia, profesionalidad y
sentido del Estado y para afrontar este cambio con toda normalidad. Les pido
que les apoyen y que renueven en ellos su confianza para que cuenten con el
necesario margen de tiempo para poder culminar la labor emprendida.
Deseo para España, y para todos y cada
uno de ustedes y de sus familias, un futuro de paz y bienestar. Esta ha sido la
única justificación de mi gestión política y va a seguir siendo la razón
fundamental de mi vida. Les doy las gracias por su sacrificio, por su
colaboración y por las reiteradas pruebas de confianza que me han otorgado.
Quise corresponder a ellas con entrega absoluta a mi trabajo y con dedicación,
abnegación y generosidad. Les prometo que donde quiera que esté me mantendré
identificado con sus aspiraciones. Que estaré siempre a su lado y que trataré,
en la medida de mis fuerzas, de mantenerme en la misma línea y con el mismo
espíritu de trabajo.
Muchas gracias a todos y por todo».
Con su discurso de
despedida pronunciado ante las cámaras de televisión y emitido en horario de
máxima audiencia Suárez dejó a los analistas y al público en general una
sensación de que algo extraordinario acababa de ocurrir. Hay algunas
afirmaciones que tienen una intencionalidad evidente. Suárez quiere dejar claro
que se va sin que se lo haya pedido nadie. Esto parece en contradicción con los
deseos de muchos miembros de su partido de que abandonara el cargo y, por
tanto, el único sentido que puede tener es el de dejar bien asentado que es él
en persona quien abandona y no el rey quien le cesa. No quería Suárez aparecer
ante la opinión pública como alguien que había sido cesado, como le ocurriera a
su antecesor, o dicho con el lenguaje coloquial que tanto él como Arias Navarro
solían emplear en privado para referirse al rey, no quería aceptar la idea de
que hubiera podido ser borboneado.
Hay una alusión a “las actuales circunstancias” que se puede interpretar como referidas
al malestar militar, concretado en la operación de Armada para hacerse cargo de
la jefatura del gobierno por medios aparentemente constitucionales. La dimisión
de Suárez desactivaba cualquier posible legitimidad de la llamada “operación De
Gaulle”, como se conocía al intento de apoyar una moción de censura que diera
lugar a la solución de Armada. Sin duda, lo que más llamó la atención en aquel
momento fue la famosa afirmación: “yo no quiero que el sistema democrático de
convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España”. En aquel
momento a muchos comentaristas les dio la impresión de que tras tan enigmáticas
palabras se encerraba el conocimiento por parte de Suárez del peligro de una
intervención militar que, con su dimisión, quedaría desactivada. Los
acontecimientos de un mes después dotarían a aquella afirmación de un carácter
profético.
EL GOLPE DE ESTADO.
De acuerdo con la
Constitución de 1978, producida la dimisión del presidente, este y sus
ministros continuaban en funciones hasta tanto no se constituyera el nuevo
gobierno.
El candidato propuesto
por la UCD fue Leopoldo Calvo-Sotelo. Era un hombre mejor aceptado que Suárez
por los círculos económicos y financieros e incluso su apellido, que mostraba
su parentesco con José Calvo-Sotelo, considerado por los nostálgicos del
franquismo como protomártir de la guerra civil, lo hacía en principio hombre
aceptable para el ejército.
La conspiración militar
continuó, a pesar de no poder recurrir ya a la excusa de la permanencia de
Suárez en el poder. El golpe tenía dos componentes muy desiguales: por un lado
Armada, que pretendía convertirse en el jefe de un gobierno de unidad aceptable
por parte de los grupos políticos más importantes, y por otro Milans del Bosch,
en principio más próximo a la creación de una junta militar sin excesivas
concesiones a la clase política.
Tejero fue el detonante
que se buscó, un pretendido supuesto
inconstitucional máximo que sirviera como excusa para la intervención
pretendidamente salvadora de Armada, que se ofrecería a los diputados como
presidente de un gobierno de salvación. Tras la dimisión de Suárez, Armada
consiguió por fin ser nombrado segundo Jefe del Estado Mayor.
La sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo tuvo lugar el 20 de enero pero en tal ocasión el candidato no obtuvo la mayoría necesaria para ser investido. Se hacía necesaria la convocatoria de una segunda sesión, en la que bastaba con obtener mayoría simple para ser investido. Esta segunda votación se planteó para el día 23 de febrero. Cuando se estaba procediendo a la votación nominal el teniente coronel Tejero, al mando de unas fuerzas de la Guardia Civil Irrumpió en el salón de plenos del Congreso. Tras conminar con gritos a los diputados a que se quedaran quietos el vicepresidente del gobierno, teniente general Manuel Gutiérrez Mellado abandonó su escaño y trató de disuadir al teniente coronel de su actitud. El todavía presidente Suárez salió en su ayuda, momento en el que se produjo un estruendoso tiroteo. El general Gutiérrez Mellado permaneció estoicamente de pie, sin inmutarse ante el estruendo de las ráfagas. El presidente Suárez permaneció sentado en su escaño sin arrojarse al suelo. Lo mismo hizo el diputado comunista Santiago Carrillo. Todos los demás se precipitaron al suelo. Tras el tiroteo, el teniente coronel Tejero trató de derribar al general Gutiérrez Mallado sin conseguirlo, hecho notorio pues el general era ya un hombre de edad y de débil complexión.
La sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo tuvo lugar el 20 de enero pero en tal ocasión el candidato no obtuvo la mayoría necesaria para ser investido. Se hacía necesaria la convocatoria de una segunda sesión, en la que bastaba con obtener mayoría simple para ser investido. Esta segunda votación se planteó para el día 23 de febrero. Cuando se estaba procediendo a la votación nominal el teniente coronel Tejero, al mando de unas fuerzas de la Guardia Civil Irrumpió en el salón de plenos del Congreso. Tras conminar con gritos a los diputados a que se quedaran quietos el vicepresidente del gobierno, teniente general Manuel Gutiérrez Mellado abandonó su escaño y trató de disuadir al teniente coronel de su actitud. El todavía presidente Suárez salió en su ayuda, momento en el que se produjo un estruendoso tiroteo. El general Gutiérrez Mellado permaneció estoicamente de pie, sin inmutarse ante el estruendo de las ráfagas. El presidente Suárez permaneció sentado en su escaño sin arrojarse al suelo. Lo mismo hizo el diputado comunista Santiago Carrillo. Todos los demás se precipitaron al suelo. Tras el tiroteo, el teniente coronel Tejero trató de derribar al general Gutiérrez Mallado sin conseguirlo, hecho notorio pues el general era ya un hombre de edad y de débil complexión.
 |
| Suárez y el general Gutiérrez Mellado hacen frente a los golpistas. |
Se había producido el
secuestro del gobierno y del Congreso de los Diputados. Una hora después, desde
Valencia el teniente general Milans del Bosch proclamaba el estado de excepción
y emitía un bando amenazante calcado de los que se emplearon tras la
sublevación del 18 de julio de 1936. El golpe de estado estaba en marcha.
En las horas en las que
el Congreso y el Gobierno estuvieron secuestrados Suárez permaneció aislado en
una habitación en la que en una ocasión entró Tejero, llegando a apuntarle con
una pistola. Suárez se limitó a ordenarle: ¡cuádrese!.
Lo que sucedió fuera
pertenece a la historia del golpe de estado. Armada fracasó en su intento de
entrar al Congreso y ofrecerse como solución de emergencia y en días
posteriores fue arrestado, dada su total implicación en el entramado golpista.
También fueron arrestados el teniente general Milans del Bosch y el teniente
coronel Tejero.
El día 24 de febrero el
rey recibió a los líderes de los principales partidos políticos y antes, al
propio Suárez. Varios testimonios afirman que el todavía presidente se ofreció
a revocar su dimisión, pero que este ofrecimiento no fue aceptado por el rey.
Hubo una reunión entre el rey, el presidente y los altos mandos militares en la
que Suárez tuvo que dejar bien sentado que la cadena de mando del ejército
culminaba en la presidencia del gobierno y no en el rey.
EL DUQUE.
Tras el cese total de
Suárez en sus funciones de Presidente del Gobierno el rey lo nombró Duque de
Suárez, con Grandeza de España. Esta elevación a la nobleza se podía
interpretar como un reconocimiento a los méritos de su labor pero también
encerraba la clara sugerencia de que se apartara definitivamente de la vida
política activa.
Tras la investidura de
Calvo Sotelo, Suárez emprendió un viaje de descanso durante el cual visitó al
dirigente panameño Omar Torrijos. A su vuelta, los conflictos dentro de la UCD
continuaron. Diario 16 llegó a dedicar algún número muy insultante hacia la
figura política de Adolfo Suárez.
Una de las tareas más
urgentes del nuevo gobierno de Calvo-Sotelo era la de gestionar la situación de
crisis política y económica a la vez que se afrontaba el juicio a los golpistas
del 23 de febrero. El consejo de guerra, tras la instrucción del juez togado
militar, general García Escudero, se celebró en Campamento y fue presidido por
el teniente general Gómez de Salazar. Las condenas fueron consideradas de
manera mayoritaria por la opinión como muy leves. El presidente Suárez publicó
bajo su firma un artículo en el que se oponía a la sentencia, bajo el título de
Yo disiento, evidentemente inspirado
en el de Zola de Yo acuso. El
artículo , publicado el 4 de junio de 1982 en el diario El país afirmaba:
“El 23 de febrero de 1981, mientras el
Gobierno de la nación y los representantes del pueblo español se encontraban
reunidos para la investidura de un nuevo presidente del Gobierno, un reducido
grupo de jefes y oficiales de la Guardia Civil asaltaron con las armas en la
mano la sede de la representación nacional, secuestraron, bajo amenaza de
muerte, a los miembros del Gobierno y del Parlamento durante cerca de dieciocho
horas e intentaron subvertir el orden democrático establecido en la
Constitución que el pueblo español, con la sanción del Rey, se ha dado a sí
mismo. Son de sobra conocidos los autores de estos delitos. Enjuiciados por la
jurisdicción militar, han sido sometidos a un proceso que han aprovechado, en
numerosas ocasiones, como plataforma de propaganda política, difundiendo falsedades
que enturbian la clara actuación del Rey y exponiendo, con desprecio al
tribunal militar que les ha encausado, ideas contrarias a la democracia y a la
Constitución.
Ante las sentencias dictadas por el
Consejo Supremo de Justicia Militar, dentro del respeto que tal institución me
ha merecido siempre, me veo obligado en conciencia a manifestar mi opinión
política en las siguientes, consideraciones:
Entiendo que las sentencias no protegen
de manera suficiente los derechos del pueblo español. El rigor no consiste en
concentrar las responsabilidades, sino en castigar adecuadamente a todos los
culpables. La ejemplaridad no se produce si quedan sin castigar comportamientos
intolerables. La justicia penal también debe ser disuasoria, y no se disuade a
los que puedan participar en una rebelión militar si se personalizan las penas
en los promotores y se libra a quienes las secundan y actúan fuera de la ley.
Nunca puede ser aceptable que quede un amplio margen de irresponsabilidad para
quienes intervienen en un golpe de Estado y con su actuación provocan amenazas
que ponen en crisis la democracia en España.
Porque la crisis de la democracia implica
necesariamente la crisis de todas las instituciones españolas -la Corona, el
Parlamento, el Gobierno, las Fuerzas Armadas, los partidos políticos, la
Administración y los mismos tribunales de justicia-, que sólo en el orden
democrático que el pueblo español, en el ejercicio legítimo de su soberanía, se
ha dado a sí mismo encuentra su verdadero sentido y fundamento.
Pienso que una crisis de este tipo
abriría paso al miedo como factor determinante de la política española. Alguna
vez señalé que sólo había que tener miedo al miedo mismo. No hay libertad bajo
el miedo, no hay derechos ciudadanos bajo el miedo, no se puede gobernar bajo
el miedo. En un ambiente de temor continuo a un nuevo y posible golpe, se
confunden los ideales comunes con los intereses de los grupos, se usurpan las
representaciones más legítimas y se hace imposible la libre expresión de la
voluntad popular y, con ello, la paz y la concordia de todos los españoles.
Creo que el miedo traería consigo la
involución de la vida española. Con la involución viene el separatismo
institucional, que implica que los que son sólo elementos de un todo armónico
pretenden constituirse como un todo, con desprecio a la mayoría, e imponen una
especie de presión institucional, cuyas consecuencias la historia por desgracia
nos ha mostrado.
Desde mi profundo respeto a la
institución militar, creo que la terminación del proceso por los hechos del 23
de febrero tiene que dejar limpia y clara ante la opinión pública la actitud de
las Fuerzas Armadas, a las que todos los ciudadanos hemos concedido como
institución el privilegio extraordinario de usar armas para guardar y hacer
guardar el orden constitucional, y que realmente así lo han hecho durante toda
la transición y en plena democracia, con excepciones como la del reducido grupo
de asaltantes al Congreso.
Por eso es natural que la lectura de la
sentencia produzca desasosiego entre quienes padecimos la violencia golpista y
entre todos los demócratas del país y aun del mundo entero. Son muchos los
puntos concretos que merecen un comentario pormenorizado. Pero, aun a riesgo de
simplicidad, quisiera concentrar mi atención en uno de estos puntos: la
absolución de algunos oficiales que ejercieron violencia física contra los
representantes del pueblo y actuaron con sus armas en contra del poder civil,
encarnado en el Gobierno y en el Congreso de los Diputados.
No parece admisible, por tanto, que, por
lo que: respecta específicamente a los tenientes de la Guardia Civil
procesados, se haga jugar, de algún modo, la eximente de obediencia debida,
aduciendo "que su error no resultaba vencible en sus circunstancias"
y que "Ios acontecimientos de la noche del 23 y madrugada del 24 de
febrero presentaron apariencias suficientemente confusas y expectantes para
hacer dudar, incluso a mandos muy superiores, de las decisiones a tomar, y por
ello a dilatar su adopción en espera de que la situación apareciese como clara
y resueltamente decidida". La situación estaba ya decidida por la
Constitución y estaba decidida por el Rey. La actitud del Rey hizo imposible
que jugara este engaño y, por otra parte, no parece lógico que los tenientes de
la Guardia Civil, que deben conocer la Constitución y el Código de Justicia
Militar, puedan caer en un engaño de este tipo. Resulta evidente que el Rey no
puede realizar indicaciones contrarias a la propia Constitución, que es la
norma que establece las competencias de la Corona.
Es preciso dejar muy claro que en España
no existe un poder civil y un poder militar. El poder es sólo civil. Atentar
contra este hecho es subvertir el orden institucional, hacer prevalecer la
fuerza contra la legitimidad, tratar de usurpar la jerarquía cívica en aras de
una presunta disciplina que se podría ejercer contra los supremos intereses del
pueblo.
Frente a esto no pueden tener éxito las
falsedades y las insidias propagadas durante el proceso y que la propia
sentencia hace bien en rechazar de supuestos deseos del Rey. Como tampoco
cabría admitir la peregrina idea de una unión directa, exclusiva y excluyente,
entre las Fuerzas Armadas y el Rey, que no tiene otro objetivo que colocar al
propio Rey y a la misma institución militar al margen de su instancia legitimadora:
el pueblo español”.
Suárez, muy mal
comprendido por la mentalidad militar de la época, podía ya, desde fuera del
gobierno, sin ninguna atadura institucional, afirmar sus convicciones.
LA AVENTURA DEL CDS.
En 1982 Adolfo Suárez abandonó
la UCD y formó un nuevo partido, el Centro Democrático y Social (CDS). En este
nuevo camino político le acompañaron algunos de sus más firmes apoyos, como su
paisano Agustín Rodríguez Sahagún, Rafael Calvo Ortega o Jesús María Viana.
Las elecciones anticipadas
a que se vio abocado Calvo-Sotelo, celebradas el 28 de octubre de 1982
supusieron el hundimiento de la UCD, la mayoría absoluta del Partido Socialista
y la consolidación como fuerza de oposición de la Alianza Popular de Manuel
Fraga. El partido de Suárez sólo obtuvo dos escaños: el del propio Suárez por
Madrid y el de Rodríguez Sahagún por Ávila. Suárez votó a favor de la
investidura de Felipe González como presidente del Gobierno.
Empezaban cuatro años
alejado del poder, como diputado integrado en el grupo mixto.
En las elecciones de
1986 Suárez se encontró con que la banca apenas le daba crédito para financiar
su campaña. El sentido político que siempre tuvo le llevó a quejarse de este
hecho, afirmando que España no era una democracia parlamentaria, que era por el
contrario una democracia bancaria. El
éxito acompañó a Suárez en estas elecciones, en las que obtuvo 19 escaños,
convirtiéndose el CDS en la tercera fuerza política. El éxito era tanto más
remarcable por cuanto la gran banca había volcado su apoyo hacia una llamada operación reformista que, con todo tipo
de medios, no obtuvo ni un solo escaño.
El éxito se continuaría
en las elecciones municipales y europeas.
La situación de Suárez
volvía a ser la de un político decisivo, pero a su vez, seguía siendo un hombre
no bien visto por los medios más influyentes.
Tuvo oportunidad de
burlarse del líder de Alianza Popular Hernández Mancha, abogado del estado,
haciéndole notar en el Congreso que había en sus citas confundido a Santa
Teresa con Lope de Vega.
En estos últimos años de
la andadura política de Suárez hizo su aparición estelar el banquero Mario
Conde. En sus ambiciones, de las que no estaba ausente la política, llegó a ver
en la aproximación al ex presidente una posibilidad de ocupar un lugar como el
líder de la derecha que pretendía ser. En esta confluencia entre estos dos
hombres habría de sellarse el destino definitivo de Suárez. Una política de
alianzas tortuosa, que le llevaba tanto a apoyar al gobierno socialista como a
aliarse con Alianza Popular para desbancar a los mismos socialistas de algunos
gobiernos municipales, tuvo su ejemplo más clamoroso en Madrid, donde una
moción de censura hizo caer al alcalde socialista Juan Barranco, pasando a
ocupar su puesto Agustín Rodríguez Sahagún en 1989. El desconcierto del
electorado era muy grande.
En las elecciones
locales y autonómicas de 1991 el fracaso del CDS fue estrepitoso, pasando a la
insignificancia política. Nada más conocerse los resultados, Suárez anunció su
dimisión. Era la segunda dimisión de Suárez, pero esta vez era no sólo la
dimisión de un cargo sino el comienzo del abandono de su actividad política.
SANTIFICACIÓN Y PÉRDIDA
DE LA MEMORIA.
Cuando Suárez dejó de
ser un político en activo comenzó el proceso de su canonización. Personas que
lo habían despreciado alabaron sin ningún tipo de vergüenza su figura. Llegaron
los homenajes, doctorados honoris causa y
el prestigioso premio Príncipe de Asturias en 1996.
Los manejos de Mario
Conde acabaron salpicándolo pero un pacto tácito hizo que no se permitiera que
un emblema de la transición como Suárez fuera puesto en cuestión.
Tras la retirada
vendrían las grandes desgracias familiares: enfermedad de su mujer y de dos de
sus hijas. Adolfo Suárez se vio en apuros económicos y tuvo que vender algunas
propiedades queridas, como su casa de Ávila.
Suárez pudo conocer el
comienzo del aplauso casi generalizado a su labor, pero ese momento no duró
mucho. Pronto estaría dominado por la desgracia con que la enfermedad se cebó
en su familia. Estuvo continuamente al lado de su mujer en el lecho de enferma
de ésta en el hospital. El fallecimiento de Amparo Illana, su compañera de
tantos años, lo sumió en un estado de profundo abatimiento mientras sus hijas
Marian y Sonsoles también se vieron afectadas por la enfermedad. Cuando su hija
Marian falleció, Suárez ya estaba de lleno sumido en el olvido mental y no fue
consciente de este hecho. Tampoco fue consciente de la enfermedad de su hija
Sonsoles.
La última aparición
pública de Suárez fue para apoyar la poca exitosa campaña de su hijo para
presidir la Junta de Castilla-La Mancha. El mitin, celebrado en mayo de 2003
fue ocasión de que muchos empezaran a notar que algo no marchaba bien en la
mente del Duque. Se confundió leyendo más de una vez la misma cuartilla y llegó
a decir en público que se estaba haciendo un “lío de mil diablos”. Dos años
después su familia hizo público su padecimiento de demencia senil. Se fue
sumiendo en un profundo olvido, no conociendo al final a nadie e ignorando que
un día había sido el presidente del gobierno. Cuando en 2008 el rey se desplazó
a su domicilio para hacerle entrega del collar de la Orden del Toison del Oro,
Suárez ya no lo conoció.
UN HOMBRE DIFÍCIL DE
CLASIFICAR.
De los presidentes de
Gobierno que han ejercido el cargo en España desde la entrada en vigor de la
Constitución de 1978b Adolfo Suárez es quizá el más difícil de clasificar.
Suárez no resulta fácil de definir ni en el terreno político ni en el personal.
Héroe de la retirada, traidor, oportunista, demócrata sincero, son muchos y
contradictorios los calificativos que se le han dirigido.
Tampoco hay acuerdo a la
hora de juzgar su formación: hombre poco leído, más intuitivo que intelectual,
casi ignorante para algunos.
También ha sido
calificado de persona con temor a la discusión.
Aquí se han citado con
abundancia y generosidad muchos de sus textos. Es evidente que Suárez no
escribía sus discursos, pero es a su vez innegable que cuando los leía lo hacía
con tal convicción que los convertía en suyos.
Si se han citado aquí
muchas de sus intervenciones ello se debe a que ayudan a entender con más
exactitud el momento concreto en el que dichas intervenciones se producen.
Algunas de sus afirmaciones se convirtieron en clásicos de la transición como
la de “elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es
simplemente normal” o su muy célebre “puedo prometer y prometo”.
Hoy día existe la idea
muy difundida de que la Transición obedecía a un diseño. En realidad, la
política casi nunca se compadece bien con el modelo del “diseño”, más propio
del mundo artístico o arquitectónico. La política pertenece al ámbito de la
acción, en la cual hay sin duda intenciones, pero también respuestas que
obligan a rectificar en más de una ocasión el diseño inicial.
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| Última imagen publicada de Adolfo Suárez. El rey le visita en su domicilio para hacerle entrega del Toison de Oro. |
Muchas de las
dificultades que tuvo que sufrir el presidente Suárez se debieron precisamente
a su voluntad de no limitarse a ser el ejecutor de un simple diseño.
Probablemente Suárez fue mucho más lejos de lo que en un principio él mismo
pudiera pensar.
En 1976 es difícil creer
que Suárez tuviera en su cabeza la idea de que un año después estaría
legalizado el Partido Comunista o que una institución heredera de la
legitimidad republicana como la que encarnaba Josep Tarradellas fuera
implantada de nuevo bajo su gobierno, o que dos años después habría una nueva
constitución.
Las contradicciones de
Suárez fueron las de la propia Transición.
¿Tenía convicciones
Suárez? Creo que sí, pero eran más de formación recibida que de ilustración
consciente. Siempre hubo en él un cristianismo básico que se manifestó en un
catolicismo no fanático.
No fue por formación un
demócrata pero por ejercicio lo acabó siendo, y de manera bastante sincera y
valiente. En su discurso de despedida, cuando hizo la afirmación de que no deseaba
que el sistema democrático de convivencia fuera una vez más un paréntesis en la
Historia de España, estaba manifestando su compromiso con la tradición
democrática española y sus trágicas vicisitudes.
La afirmación de hombre
poco culto también conviene matizarla. Su dicción al leer los discursos era
perfecta y en sus declaraciones el castellano que empleaba estaba a un nivel
superior al que por desgracia estamos acostumbrados a escuchar hoy día. En sus
intervenciones parlamentarias era más competente que muchos políticos de hoy
día, a pesar de que él mismo no se sentía seguro en este terreno.
Había en Suárez un
indudable sentido de la dignidad del cargo. Es ese sentido el que le llevó a no
tolerar cualquier gesto de insubordinación, cesando a hombres tan influyentes
en el momento como el teniente general De Santiago.
Ese mismo sentido de la
dignidad le mantuvo firme en su escaño cuando los asaltantes del 23 de febrero
pretendieron alterar por la fuerza el proceso democrático.
Audacia y valentía nunca
le faltaron. Indudablemente ha desaparecido un hombre muy interesante y poco
común.
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